Gobierno, patronal y sindicatos, en contra del contrato único

España lleva más de cinco años en crisis, arrastra un paro descomunal, ha hecho dos reformas laborales, ha cambiado el sistema de pensiones y ha sufrido duros ajustes en el gasto público. Y nunca habían coincidido las posiciones del Gobierno, la oposición, la patronal y los sindicatos. La sugerencia del comisario europeo de Empleo, László Ándor, de introducir en la legislación española el contrato único para solucionar el paro juvenil ha servido para unir, por una vez -y posiblemente sin que sirva de precedente-, a los agentes políticos y sociales en su contra.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró ayer que el contrato único es «inconstitucional» y explicó que no existe una recomendación oficial de la Comisión Europea para que se implante. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, consideró bastante «atrevida» la propuesta de Ándor porque supone cambiar la legislación española de «golpe». Rosell se preguntó si «en el país del comisario existe ese tipo de contrato» y defendió que haya diferentes modalidades de contratos para cubrir las necesidades de los diferentes sectores, aunque sí abogó por una simplificación.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, explicó que Bruselas no tiene competencias en materia de contratación en España, mientras que su homólogo de CC.?OO., Ignacio Fernández Toxo, alertó de que si se implantase el contrato único supondría una «invitación» a las empresas a despedir a los trabajadores más jóvenes «sin causa y casi gratis total».

Más reacciones

No fueron las únicas reacciones. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, exigió al comisario que actúe con «responsabilidad» y le reprochó que pida para España un contrato laboral que no se aplica en ningún país comunitario. Para Joan Coscubiela, portavoz adjunto de la Izquierda Plural, comportaría dar «un paso más en la precarización de las relaciones laborales». También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticó la idea y dijo que «los burócratas» de Bruselas proponen «experimentos que no se atreven a realizar en sus países». Solo UPyD apoyó el contrato único y su portavoz en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, consideró «una tontería» que la ministra de Empleo, lo vea inconstitucional.

La falta de encaje en la Constitución que denuncia el Gobierno obedece a que no se puede indemnizar igual en los despidos procedentes que en los improcedentes.

Ándor, por su parte, matizó ayer que su propuesta de un contrato «único y abierto» no va, en principio, más allá de una «sugerencia». Su objetivo fue aportar «posibles soluciones» para los «elevados niveles de temporalidad» que arrastra el mercado laboral español..