Pego defiende la «legalidade» de su indemnización de 18,7 millones de euros

José Luis Pego, el que fuera director general de Caixanova y uno de los mayores ejecutivos de la entidad resultante de la fusión con Caixa Galicia, cerró este viernes la sesión de comparecencias en la comisión de investigación de las cajas creada en el Parlamento gallego con una intervención que empezó con una petición de «disculpas» por los errores que pudieran haber cometido en su gestión y que prosiguió con una defensa de la legalidad del «contrato de adhesión» a la caja, que le permitió percibir una indemnización de 18,7 millones de euros, de los cuáles 11 millones corresponden a un plan de pensiones.

El exdirectivo se remontó al mes de septiembre del año 2011, cuando José María Castellano lo apartó de la dirección de Novacaixagalicia. «Non me vou da entidade por vontade propia, voume porque me din que teño que abandonar o proxecto», explicó, tras lo cual advirtió advirtió de que había unos compromisos «elevados» de su contrato que se remontaba al 2005. «E díceseme que os contratos están para cumprilos», aclaró, así que percibió una indemnización de 7,7 millones de euros, que se añadía a un plan de pensiones por valor de 11 millones más, como correspondía a su «contrato de adhesión, elevado a público, coa aprobación de quen correspondía». E insistió sobre sus indemnizaciones: «Son legais», dijo, antes de excusarse para no seguir hablando del asunto, siguiendo el consejo que le dio su abogado.

Pero Pego dirigió el grueso de su intervención a desgranar la «solvencia» con la que Caixanova llegó a la fusión, a la que la entidad llegó obligada por el Banco de España, dijo. «Pensábamos que o SIP era alternativa moito máis viable» que la fusión, indició el exdirectivo, pues le permitiría a Caixanova mantener un peso de entre el 26 y el 34 por ciento en la entidad resultante de la fusión fría.

No obstante, acto seguido dijo admitió que se dictaminó la «viabilidade» de la fusión que apenas duró 9 meses, y que solo fracasó con los contantes cambios normativos promovidos por el Gobierno, hasta tres desde enero del 2011, que obligó a elevar de forma repentina el capital principal de la entidad del 8 al 10 por ciento. Agregó que auditoría realizada por el Banco de España en el verano del 2011 «dí que a fusión é viable, pero a fusión descarrila».

Pego abandonó la sesión sin desvelar si tiene o no intención de devolver parte de la indemnización percibida y señalando que se actuó en todo momento «de boa fe» en la comercialización de preferentes. Eso sí a la vista de los hechos, y de que a través del arbitraje se le da la razón a muchos clientes para que puedan recuperar su dinero, Pego admitió: «Estase detectando que pudo haber fallos».