España propone sustituir las listas negras de barcos piratas por otras blancas

España se ha convertido en el país «que más y mejor controla las importaciones de pescado en el mercado europeo». Lo aseguró en Vigo el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, en el marco de la sexta Conferencia Internacional del Atún, que finalizó anteayer en Vigo, un foro en el que se abordó el problema de la pesca IUU (ilegal no declarada y no reglamentada). Ahora bien, ser el campeón de Europa no parece que le esté reportando demasiados beneficios. Que los demás socios comunitarios no pongan en la tarea el mismo ahínco está «desviando la actividad de los puertos españoles hacia otros en los que los controles son menos exigentes», denunció Domínguez. Y eso perjudica a la industria conservera gallega, que encuentra más dificultades para acceder a la materia prima, pues los túnidos constituyen buena parte de las mercancías paralizadas o interceptadas.

La Administración española ha comprobado cómo la aplicación de la legislación comunitaria sobre pesca ilegal no es homogénea por parte de los Estados miembros y eso es algo que debe corregirse. Asimismo. Domínguez también reprochó la falta de transparencia de la Comisión Europea en relación con la lucha contra la pesca ilegal, en concreto «en la identificación de países no cooperantes en materia de pesca ilegal».

Una crítica para la que ofreció una excusa César Debén, asesor de la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, que explicó que Bruselas prefiere guardar la confidencialidad de aquellos Estados que están avanzando en mejorar su sistema de control y que lo importante es darles tiempo para que sea efectiva la reducción de la pesca IUU.

Puso como ejemplo a Indonesia, que ha cambiado toda su legislación pesquera para dar garantías a su pabellón y hoy ya no está entre los 35 países de riesgo que ha identificado la Comisión.

La hoja de ruta española

España, sin embargo, tiene su propia visión y ha propuesto una hoja de ruta para reforzar los mecanismos europeos de lucha contra la pesca ilegal. En ese programa, el Gobierno propone aparcar el mecanismo de publicar listas negras de buques o países que ejercen y amparan la pesca ilegal por otros basados en la elaboración de listas blancas de pesqueros que cumplen con las normas de las organizaciones regionales de pesca y prueban la legalidad de sus licencias.

El plan postula asimismo que la carga de la prueba de que las capturas que se pretenden descargar son legales debe recaer en el exportador y que se denieguen las autorizaciones para exportar a la UE a aquellos países que amparan flotas piratas. Complementar las sanciones a países no cumplidores con instrumentos de cooperación para permitirles modernizar sus sistemas de control pesquero e iniciar el proceso de identificación de países no cooperantes en materia de pesca ilegal a los Estados miembros, operadores y oenegés para mejorar sus procedimientos son otras de las propuestas de una hoja de ruta que se cierra con la petición de que se busque la coherencia de esta política con otras como la comercial, pues no se entiende que la UE conceda ventajas comerciales a países que amparan la pesca ilegal a través de acuerdos comerciales o de derogación de las normas de origen.

Este último punto evoca claramente a Papúa Nueva Guinea, un país que, según anunció en el foro vigués César Debén podría ser identificado como no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal.