Dinero público para rescatar de la quiebra las autopistas de peaje

Cepsa anunció ayer que abre un proceso de consulta y negociación con los sindicatos para tramitar un ERE para un máximo de 250 trabajadores. Afectará a la plantilla de Madrid y a la de las refinerías de Huelva, Tenerife y Cádiz.

La misma desagradable sensación de que el negocio es privado cuando va bien, pero que cuando va mal es el Estado -y por ende, los contribuyentes- quien tiene que sufragar el flotador, vuelve a extenderse entre la ciudadanía desde que el martes trascendió el plan de Fomento para salvar de la quiebra a nueve autopistas de peaje, en concurso de acreedores. La fórmula del ministerio, que pasa por integrar las vías en una sociedad 100 % pública después de que la banca acreedora y las concesionarias asuman una quita del 50 % en la deuda de 4.600 millones de euros que arrastran estas infraestructuras, no parece convencer a nadie. Las entidades financieras tienen hasta el lunes para darle respuesta a Fomento. Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación?

¿Qué autopistas son?

Hay nueva vías de peaje afectadas. Todas ellas están en concurso. Son: Cartagena-Vera, la AP-36 Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante, la AP-41 Madrid-Toledo y las radiales de Madrid (R-2 Madrid-Guadalajara, R-3 Madrid-Arganda, R-4 Madrid-Ocaña, R-5 Madrid-Navalcarnero y la M-12, que enlaza Madrid con el aeropuerto de Barajas). Su tráfico medio diario ha caído en el arranque del año hasta un 52,3 %, según datos oficiales del ministerio. Las concesionarias -propiedad de las empresas constructoras de las vías, como Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr o Acciona-, se enfrentan a una negra situación económica, que las ha abocado al concurso de acreedores al sumarse los sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos y el desplome del tráfico desde que estalló la crisis. Es decir, que lo que se vio como negocio redondo se ha convertido en un ataúd de números rojos y deudas.

¿Por qué rescatarlas?

Porque el Estado tiene la responsabilidad patrimonial sobre las mismas, al tener la titularidad última de estas infraestructuras. La alternativa al rescate de las vías de peaje es ir a un proceso de liquidación y subasta.

¿Cómo salvarlas?

Aunque en un primer momento la ministra de Fomento negoció con las constructoras, las concesionarias y la banca acreedora para crear una especie de banco malo de autopistas, con el 80 % en manos estatales y el 20 % en las de las entidades, la fórmula final será netamente estatal. Las vías quebradas se integrarán en una sociedad pública -sin participación de concesionarias ni banca- y con menos deuda. En concreto, la propuesta pasa por una quita del 50 % y convertir los 2.400 millones de deuda que les reconocería en un bono a 30 años.

¿Es la mejor solución?

Las entidades acreedoras, las constructoras, los empresarios e incluso la oposición ya han mostrado su oposición al proyecto. De hecho, ayer se sucedieron las críticas. Desde la banca afectada subrayaban que aceptarlo sería en la práctica un «acto de patriotismo» porque «la disyuntiva es que o tragamos con la quita o será el fin». El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, reclamó que la oferta de Fomento sea «lo suficientemente clara» y que no haya «riesgos adicionales» al margen de la quita que acuerden. Porque el 50 % inicial podría acabar incrementándose en un 30 % si no se garantiza una rentabilidad mínima del bono a 30 años, ni que este no tenga riesgo, es decir, que no sea de la nueva sociedad, sino del Estado. Fuentes del sector añadieron que no les preocupa tanto lo perdido -el 50 % de la quita impuesta por Fomento coincide de media con lo ya provisionado por las entidades financieras- como no perder más

¿Afecta a los usuarios?

Para los conductores será neutro, salvo que el futuro gestor suba los peajes aplicados.