Primera condena a banqueros en España por los desmanes de la crisis

Cuatro ex altos cargos de Caixa Penedès -encabezados por el que fue su director general y verdadero factótum de la entidad, Ricard Pagès- fueron condenados ayer a penas de entre uno y dos años de cárcel, tras reconocerse autores de un delito de administración fraudulenta por haberse autoconcedido un pensionazo de 31,6 millones, que empezaron a generar desde el 2001. Esta asunción de su responsabilidad jurídica, unida a la devolución del dinero que ya habían cobrado (28,6 millones), propició que la acusación particular que ejercen el grupo BMN (Banco Mare Nostrum) -donde terminó integrándose la caja- y la Fundación Pinnae -heredera de parte de los activos de la entidad- aceptaran modificar su escrito de conclusiones y rebajar así el castigo que pedía.

El juez central de lo penal de la Audiencia, José María Vázquez Honrubia, da por bueno ese arrepentimiento y el cambio en las solicitudes de las acusaciones, pese a que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado -que representaba aquí los intereses del FROB- sí mantuvieron su petición inicial de penas, con un máximo de tres años y medio para el propio Pagés. De hecho, el Ministerio Público considera que la condena -la primera por los excesos cometidos durante años en las cajas de ahorros- le da la razón cuando asegura que los cuatro exdirectivos cometieron un delito al actuar «a espaldas de los órganos de administración y control de la caja».

El propio juez dictamina en su sentencia -que leyó al finalizar la última sesión de la vista oral- que su conducta fue «maliciosa e insidiosa», hasta el punto de que recurrieron a «una serie de procedimientos engañosos» para obtener sus «fines ilícitos» y «en perjuicio de la propia sociedad». Considera, sin embargo, que también concurre una atenuante muy cualificada al «haberse reparado el daño causado», algo que estima «realmente anómalo para este tipo de delitos». La Fiscalía, pese a manifestar que no recurrirá el fallo, sí se ha mostrado crítica con el hecho de que no mostraran ese arrepentimiento antes.

Y es que, en la poco más de una semana que ha durado el juicio, los cuatro exdirectivos han pasado de negar ante el tribunal que hubieran cometido irregularidad alguna, al defender como «normal» dicho «pensionazo e incluso argumentar que no recibirlo hubiera sido «discriminatorio» respecto a las jubilaciones -eso sí, mucho más modestas- que obtenía su plantilla, a reconocer que se saltaron la ley con su polémica decisión e incluso causaron un perjuicio importante a la caja.

Con este sorpresivo cambio de actitud de última hora, han logrado ser condenados a penas inferiores a dos años y, por tanto, no tendrán que ingresar en prisión ya que la costumbre jurídica establecida es no hacerlo por debajo de ese límite si no se tienen antecedentes penales.

No obstante, el juez aún no se ha pronunciado sobre la forma en que se ejecutará la sentencia en lo relativo a la privación de libertad. De hecho, de presentarse recursos -algo ya descartado por todas las partes-, un tribunal superior podría haber llegado a ordenar su encarcelamiento si entendía que concurría alguna circunstancia especial -como la alarma social, por ejemplo-, algo que ya se dio en abril con el llamado caso Pallerols en Cataluña donde las penas por un caso de corrupción fueron de siete meses.

Los exejecutivos no irán a prisión tras devolver los 28,6 millones que se embolsaron