El BEI tomará «decisiones» sobre Magdalena Álvarez «antes de agosto»

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado este viernes que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tomará «decisiones» sobre su vicepresidenta, Magdalena Álvarez, «antes del mes de agosto» tras haber examinado el informe sobre las implicaciones desde el punto de vista reputacional de su imputación definitiva en el fraude de los ERE en Andalucía. «El Gobierno español lo que pidió fue un informe al comité de ética del Banco sobre si la imputación definitiva de Magdalena Álvarez tenía implicaciones desde el punto de vista de la reputación. Ese informe se ha producido, se ha analizado y se tomarán decisiones en los próximos días», ha explicado Guindos en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión del Ecofin. «En las próximas semanas se irán concretando, antes del mes de agosto, cuál es la posición no sólo del Gobierno español sino de todos los Gobiernos en relación con esta situación», ha apuntado el ministro de Economía.

El Gobierno cree que Álvarez no podría ejercer ningún cargo directivo en el sector bancario en España en virtud de la nueva Ley sobre honorabilidad en el sector financiero, al estar investigada con carácter penal de un delito contra la Hacienda pública. Clara Crespo, representante española en el consejo de administración del BEI y subdirectora general del Ministerio de Economía, pidió por carta al presidente de la institución un dictamen de los servicios jurídicos sobre los procedimientos internos para acordar el cese de Álvarez. El consejo de administración del BEI discutió por primera vez el caso el pasado 4 de junio, a petición de España y Portugal, pero aplazó la decisión final sobre la destitución de la ex ministra de Fomento y ex consejera andaluza a su reunión de julio.

Magdalena Álvarez asumió su cargo en el BEI en 2010 como parte de un acuerdo entre España y Portugal para rotar su representación en el Comité de Dirección de la institución. Su salario supera los 23.000 euros al mes. El mandato de Álvarez debería expirar en dos años, y de producirse su sustitución, el Gobierno tendría la opción de nombrar a otro representante español.