La Audiencia sienta en el banquillo a los exdirectivos de la caja gallega

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dado por concluida la instrucción del caso de las indemnizaciones millonarias de las antiguas cajas gallegas. A través de un auto, fechado el día 4 de este mes, anuncia la apertura de juicio oral para el que había sido copresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, y para los exdirectivos José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán, además de para el abogado Ricardo Pradas. Se les acusa de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y, alternativamente, de estafa.

No se ha fijado todavía la fecha del juicio, pero, según fuentes jurídicas, no se celebrará antes del mes de marzo del 2015 e incluso podría retrasarse todavía más, hasta septiembre del próximo año. Es decir, en el mejor de los supuestos tendría lugar más de tres años después de que se iniciara la instrucción de esta causa.

Nuevos testimonios

En el documento se declara competente para juzgar el caso la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que pasarán de nuevo testigos que ya fueron llamados durante la fase de instrucción y otros nuevos -algunos de ellos fueron rechazados en su momento por el juez Moreno-, entre los que se encontrarán, con casi toda probabilidad, José María Castellano, último presidente de Novagalicia Banco; César González Bueno, ex consejero delegado de la entidad, así como juristas e inspectores del Banco de España.

En el auto conocido ayer se establece un plazo de 20 días para que los abogados de los exdirectivos presenten un escrito de defensa frente a las acusaciones y para que, de forma solidaria y en el mismo plazo, depositen una fianza de 18,9 millones de euros, cantidad que se corresponde con la suma de las indemnizaciones. Con esta garantía -cuyo establecimiento es un mero trámite ya que los procesados tienen desde el inicio de la instrucción bienes embargados por la citada cantidad- se pretende «asegurar las responsabilidad pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles».

Ismael Moreno no hace ninguna valoración en su escrito. Recoge y describe las acusaciones realizadas por el Ministerio Fiscal, por NCG Banco y por Adicae desde el inicio de la instrucción y las penas que solicitan -tres años de prisión y de inhabilitación en el caso de las dos primeras, que la asociación eleva a cuatro-. Sin embargo, a lo largo del procedimiento, cobró peso el argumento esgrimido por las fiscalas Pilar Merelo y Concepción Nicolás: hubo un complot entre los directivos para cobrar sus indemnizaciones cuando salieran de la entidad y para eso tuvieron la ayuda, como cooperadores necesarios, de Julio Fernández Gayoso y Ricardo Pradas.

La Fiscalía mantiene el argumento de que, a mediados del 2010, con motivo de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán acordaron, con el visto bueno de Fernández Gayoso, mejorar sus contratos de alta dirección ante su previsible salida de la institución. Los cambios, según las fiscales, se ocultaron al consejo de administración, abusando de su confianza. Con posterioridad, José Luis Pego firmó un contrato de las mismas características con García de Paredes, «sin que tampoco el consejo fuera informado de detalle alguno».

Pego, Estrada, Gorriarán, según recogen las fiscalas, abandonaron la entidad antes de que se convirtiera en banco y José María Castellano llegara a la presidencia. Después, concretamente el 19 de septiembre del 2011, ejercitó su facultad de desistimiento García de Paredes. «El nuevo presidente de la entidad, José María Castellano, liquidó su indemnización al día siguiente en la creencia de que se ajustaba a la legalidad», argumentan las fiscales, que obvian que fue tras un desencuentro con González-Bueno -así se recoge en un acta de consejo- cuando de mutuo acuerdo entre Castellano y García de Paredes se decide que este se vaya del banco.

Durante la instrucción, las defensas pusieron de manifiesto, entre otras cuestiones, que los consejos sí conocían los contenidos de los contratos, al igual que el Banco de España, que hizo la siguiente advertencia: «Resultaba difícil de sostener que se podía haber dejado de abonar a los directivos en cuestión las cantidades pactadas para el caso de prejubilaciones». En el juicio, los abogados volverán a desvincular las indemnizaciones de la situación de la entidad que, argumentan, fue fruto de las exigencias de tres decretos que acabaron con todas las cajas de ahorros.