Sanidad niega que vaya a implantar el copago en las urgencias

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha descartado este martes que se vaya a implantar cualquier fórmula de copago sanitario al haber logrado, según fuentes del departamento que dirige Ana Mato, una «estabilidad» en el sistema que evita nuevas medidas que supongan «sacrificios» para los usuarios.

Fuentes del Ministerio de Ana Mato han descartado que entre las fórmulas a analizar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se encuentre la implantación de cualquier tipo de copago sanitario. En este sentido, han recalcado que no caben más medidas que supongan «más esfuerzos o sacrificios» para el ciudadano tras las reformas aplicadas durante la primera parte de la legislatura vigente que han permitido «una senda de estabilidad» en el sistema sanitario.

Finalmente, desde Sanidad se ha recordado que la reforma sanitaria que se puso en marcha al comienzo de legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy tenía por objetivo lograr un ahorro de 7.000 millones de euros. Ahora, «con las medidas puestas en marcha, prácticamente el 100 por cien del ahorro está conseguido», aseguran las mismas fuentes ministeriales.

Propuestas de Hacienda a las comunidades

El copago de diversos servicios sanitarios, como la asistencia a consulta médica y las urgencias, o que el paciente asuma un coste por la expedición de las recetas médicas, son algunas de las propuestas de «racionalización del gasto público» que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las comunidades autónomas tendrán sobre la mesa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo día 31.

Entre otros asuntos del orden del día, el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro y las autonomías analizarán un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, con un total de 255 medidas para la «racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público» generado por un grupo de trabajo creado ad hoc el pasado mes de junio.

El texto ha sido remitido por el Ministerio a todas las comunidades para que tengan oportunidad de analizarlo antes de la próxima semana, aunque el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha puntualizado este martes que no se trata de propuestas del Ejecutivo, sino de medidas planteadas por las propias autonomías. «El Ministerio defiende que no hacen falta en este momento más recortes sino que lo que hace falta es eficiencia en el gasto», ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Esta batería de propuestas de «racionalización» abarca ámbitos muy diversos que afectan a los funcionarios, las televisiones autonómicas o el uso de los servicios públicos, pero sobre todo incluyen numerosas propuestas relativas a la prestación sanitaria. Entre ellas se encuentra el copago por la falta de asistencia a citas programadas, el copago por asistencia a consulta médica y de urgencias o el copago por prestaciones ortoprotésicas, interrupciones del embarazo y fecundaciones in vitro.

Desgravación por seguros médicos privados

También incluye el establecimiento de una cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando entre pensionistas y trabajadores activos y teniendo en cuenta a los enfermos crónicos; y la posible desgravación fiscal para los ciudadanos con seguro médico privado.

Las comunidades también han planteado alternativas como controlar el número de prescripciones por paciente, la revisión de la cartera de servicios, la regulación de los turnos médicos y centralización de guardias o establecer una regulación «más clara» para la atención sanitaria a la población inmigrante.

Otras medidas serían el alquiler de instalaciones al sector privado, el cobro de aparcamientos en los hospitales, el establecimiento de tasas hosteleras en los centros médicos o la compensación económica específica a las autonomías por el incremento del IVA sanitario.

Complemento de productividad

En cuanto al personal del sector público administrativo, algunas de las propuestas giran en torno a la supresión o reducción del complemento de productividad, la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extra de junio y diciembre o la supresión de los planes de pensiones.

En políticas activas de empleo, la supresión de gastos no vinculados a esta actividad o la revisión del gasto en formación. Otras de las propuestas puestas sobre la mesa contemplan un ajuste contrato-programa de las televisiones autonómicas, así como mejoras en el uso del parque móvil compartiendo vehículos o limitando su uso y estudiar la concesión privada de determinados servicios públicos.

El documento también incluye medidas específicas para la eliminación de duplicidades, tendentes a la eliminación o integración de diversos entes públicos, como la asunción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de las funciones de las agencias catalana y vasca.

Este documento ya ha llegado a las comunidades y la mayoría se ha apresurado a asegurar que se trata de medidas que no entran entre sus previsiones para los próximos ejercicios. Por ejemplo, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha defendido que el debate debe girar sobre ingresos y «no sobre recortes». También desde Aragón se ha calificado de «ocurrencias» algunos de los planteamientos del documento, mientras que la Generalitat valenciana ha dicho que no se plantea «de momento» ninguna medida de ajuste porque considera que sus ciudadanos «ya han hecho los sacrificios que debían hacer». Y el presidente madrileño, Ignacio González, ha asegurado no poseer el documento.

Por su parte, el Gobierno del País Vasco ha asegurado que no implantará ninguna medida de recorte y ha advertido de que «no tolerará» una estrategia de «recentralización» con la «excusa» de la crisis económica. «Montoro y el Gobierno del PP vuelven con la guadaña y el libro de recetas permanente y continuado de los recortes y los sufrimientos para volver a plantearle a la sociedad que hay que seguir recortando», ha valorado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas.