La patronal eólica gallega lleva al Supremo la reforma de las renovables de Soria

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) formalizó el pasado 10 de septiembre la comunicación al Tribunal Supremo de que recurrirá el decreto del ministro Soria que pone fin a las primas de las energías renovables. Y el pasado lunes hizo lo propio con la orden de parámetros que desarrolla la norma. La patronal que agrupa a las empresas que explotan en Galicia el negocio del viento basa su impugnación en el principio básico de irretroactividad de las leyes. Dicho de otro modo: el fin de las ayudas, decidido por el Gobierno para reducir el llamado déficit de tarifa, debería establecerse para futuros parques pero no para los existentes, que basaron su viabilidad sobre unas condiciones que ahora desaparecen. En el conjunto de las distintas fuentes renovables, la reforma del ministro acumula ya en España doscientos recursos. Y se abre la puerta a otro frente: los inversores extranjeros con negocio de renovables en el país emplearán, con toda seguridad, la vía del arbitraje internacional para plantar batalla a la controvertida reforma del ministro. Sobre todo a sabiendas de que el fallo del alto tribunal podría ser desfavorable.

Mientras tanto, la estrategia de la Xunta ha ido encaminada a introducir modificaciones normativas que puedan mantener la actividad en el sector por la reducción de costes, como retrasar la constitución de los avales al momento en el que se construye el parque y no cuando se recibe la autorización. O la incentivación para repotenciar las instalaciones para que ganen eficiencia. También favoreció que las empresas adjudicatarias del concurso pudiesen desistir sin recibir por ello una sanción económica. Medidas que la patronal eólica saluda, pero que cree que no podrán compensar el profundo impacto que tiene en el negocio del sector la reforma de Soria.

El otro gran frente abierto por el decreto del ministro fue el impacto que tiene en los sistemas de cogeneración, anteriormente primados, y que permitían a las industrias utilizar el calor sobrante de sus procesos productivos para generar electricidad y reducir costes. Tras la presión de la Xunta ante Madrid se lograron cambios normativos que permiten salvar las plantas de las grandes industrias, que han visto el desenlace como mal menor.