Soria endulza el «fracking» con un tributo para municipios y autonomías

El Ministerio de Industria trata de endulzar la agria oposición que provocan los sondeos petrolíferos repartiendo dinero entre ayuntamientos, comunidades autónomas y propietarios. José Manuel Soria anunció ayer que el Consejo de Ministros había dado luz verde a un proyecto de ley que modifica la ley de hidrocarburos. En él se crea un nuevo impuesto que gravará las exploraciones y explotaciones de gas o petróleo. Lo pagarán, claro, las empresas promotoras (como lo es Repsol en el caso de los sondeos de Canarias), y se aplicará sobre el valor de la producción que se extraiga. Soria indicó que una parte del tributo -no precisó cuál- revertirá directamente en los ayuntamientos -si la exploración es en tierra- y en las autonomías -si es en el mar-.

Además, los propietarios del subsuelo que se perfore para buscar hidrocarburos serán compensados no solo con la expropiación de los terrenos, como ahora, sino que también ingresarán cada año el 1 % del valor de la producción durante los años que dure la exploración.

Este nuevo tributo afectará a todos los proyectos de investigación en busca de hidrocarburos, sea mediante las técnicas convencionales -de perforación- sea por fracking. Esta última, que se traduce como fractura hidráulica, consiste en inyectar a gran profundidad agua a presión mezclada con arena y productos químicos a fin de romper una roca para que afloren los recursos. Esta técnica está resultando todo un éxito en Estados Unidos, por ejemplo, que tanto ha incrementado su producción de petróleo no convencional -shale oil, en el argot- que ha desatado las iras del primer productor mundial. Arabia Saudí ha emprendido una guerra a muerte contra el crudo norteamericano tirando a la baja de los precios para ahogar al competidor yanqui.

Pero España es harina de otro costal. Los sondeos que está realizando Repsol frente a las costas canarias han desatado una tormenta social y política contra el Gobierno central. Soria está empeñado en promover las misiones en busca de hidrocarburos para reducir la dependencia energética. Tal como gusta de recordar de tanto en tanto al ministro, cada español paga al día 100 millones de euros en comprar gas natural y petróleo a países como Argelia o Rusia, respectivamente.

Pocas comunidades quieren oír hablar de fracking en sus territorios, aunque es el Ministerio de Industria -apoyado por varias resoluciones del Tribunal Constitucional- el que autoriza los proyectos de exploración y explotación.

Galicia es una de las díscolas. El Parlamento autonómico aprobó una resolución que rechaza esa técnica hasta que se esclarezcan sus efectos sobre el medio ambiente. Además, La Rioja, Navarra, Cataluña y Cantabria y Andalucía han aprobado normas contra el fracking en sus territorios.