Las pujas del caso Alcoa acumulan recursos en el Tribunal Supremo

Las llamadas subastas de interrumpibilidad lanzadas por el Gobierno entre las industrias con gran consumo de electricidad, que han generado especial controversia por el anuncio del cierre de las plantas que Alcoa tiene en A Coruña y Avilés, acumulan una decena de recursos ante el Tribunal Supremo procedente de empresas y patronales.

Entre los denunciantes destaca la asociación empresarial de referencia en el sector siderúrgico, Unesid, que agrupa a compañías de la talla de ArcelorMittal, Gonvarri, Acerinox, Celsa, Tubacex o Tubos Reunidos, y que ha sido especialmente crítica con la norma.

También han acudido a la Justicia la patronal de cementeras, Oficemen, y dos siderúrgicas por separado: Megasa y Siderurgia Sevillana. Hay, además, un grupo de recurrentes con intereses en renovables que denuncian la financiación del coste de interrumpibilidad por parte de tecnologías poco gestionables, entre los que se encuentran Iberdrola, EDP España, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y Acciona.

Alcoa, sin embargo, no ha recurrido la orden del Ministerio de Industria en la que se detalla el nuevo mecanismo de asignación del servicio de interrumpibilidad «al estar de acuerdo con la creación de un sistema competitivo». Pero sí ha presentado alegaciones durante el proceso de consulta pública del mismo. Así lo desvelaron ayer fuentes de la multinacional, quienes precisaron que el problema que se presentó en la subasta «fue que en el diseño específico de esta, algunos pujadores como Alcoa estaban claramente en una posición de desventaja. Y el número de bloques de 90 MW fue insuficiente».

En este sentido, concretaron que sus plantas de aluminio eran «las más intensivas en energía de todas las que se presentaron. Y, por lo tanto, la sensibilidad de Alcoa respecto al precio de la puja era mucho más alto que el de las otras industrias». La compañía ofertó «para un nivel de precios de interrumpibilidad apropiado para cada una de sus tres plantas españolas», argumentaron las mismas fuentes, explicando, además que «el nivel no es igual para todas las factorías, debido a sus diferentes tecnologías y economías de escala». «El precio ofrecido por cada bloque de interrumpibilidad para Avilés y A Coruña fue mayor que los se establecieron en todas las rondas de la subasta», subrayaron.

Necesidad de un marco estable

Por último, recordaron que la electricidad a precios competitivos es «vital» para las plantas de aluminio primario en España, «en las que el gasto en energía supone alrededor del 35 % del total de los costes de producción».

Y defendieron que «la industria del aluminio es la más electrointensiva y necesita un marco energético estable para asegurar su viabilidad y actividad». La multinacional parece salir así al paso de las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, quien el pasado viernes aseguró que el ERE presentado por Alcoa para la totalidad de las plantillas de las dos factorías «no tiene nada que ver» con las subastas de interrumpibilidad. Soria aseguró, además, que la empresa podría haber obtenido un buen precio eléctrico si hubiese pujado por las plantas de Avilés y A Coruña en los mismos términos en los que lo hizo para de Lugo.

El ministro llegó a acusar a la compañía, diplomáticamente, eso sí, de estar midiendo cada uno de sus pasos para lograr energía barata para sus plantas.