La banca busca vías para eliminar la cláusula suelo sin perder dinero

En mayo del 2013, con la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulas las cláusulas suelo que no cumplían los requisitos de transparencia en su comercialización, comenzó el principio del fin. Pero la extinción definitiva de esta condición, que limita la bajada del tipo de interés que se aplica a la hipoteca, aún se resiste, pese a los quebraderos de cabeza que le está suponiendo a la banca, en forma de montañas de litigios (casi el 90 % resueltos en su contra) y mala imagen social. Por ello, el sector ha comenzado a buscar vías para eliminar el suelo de las hipotecas que aún lo tienen en vigor (entre uno y dos millones actualmente, el Banco de España estima que afecta al 30 % del total), preservando a la vez su margen de intereses. De hecho, las nuevas hipotecas ya no incluyen esta polémica fórmula, aunque suprimirla haya conllevado diferenciales sobre el euríbor más elevados.

La sentencia del 2013 se tradujo en la anulación del suelo en casi 600.000 hipotecas de BBVA, Novagalicia (actual Abanca) y Cajamar; y en febrero, otro fallo del alto tribunal en el mismo sentido volvía a poner el foco sobre un problema que afecta al bolsillo de ciudadanos que no pueden beneficiarse de los actuales mínimos históricos de los tipos.

Aunque tras el primer pronunciamiento del Supremo, BBVA, Novagalicia y Cajamar las eliminaron, el resto de entidades financieras se han resistido a hacerlo, aferrándose a que son cláusulas perfectamente legales. Tanto es así, que la banca se niega a su supresión salvo que se lo exija una sentencia, algo que desde mayo del 2013 ocurre en cerca del 90 % del total de las demandas.

Un roto de 780 millones

Se trata de evitar el roto que les supondría en sus balances. Esta semana el vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, recordaba que el fin de este requisito en las hipotecas le costó 122 millones a la entidad el pasado año, lo que se tradujo en una brutal caída del margen de intereses.

La radiografía es similar en otras entidades muy afectadas, como el caso del Popular (9 millones al mes, según confirmó su consejero delegado) o Sabadell, en el entorno de los 100 millones al año. En conjunto, según un informe de Société Générale, el impacto conjunto en la banca española sería de 780 millones.

Pero junto al perjuicio meramente económico se le suma el coste en la reputación. En un momento en el que la banca pelea por recuperar su imagen y su prestigio social tras su papel en la crisis y escándalos como la comercialización de preferentes, la lluvia de denuncias por las cláusulas suelo no ayuda.

Por ello, como confirman fuentes financieras, están proponiendo «alternativas» a los clientes, en un intento de que ambas partes pierdan lo menos posible. En función de los casos, ya que no es una directriz generalizada ni siquiera dentro de una misma entidad, los bancos están «ofreciendo» o bien un plazo de carencia de aplicación del suelo -dos o tres años, tras los que volver a negociar, confiando en que los tipos hayan vuelto a subir-, o una rebaja de la cláusula o incluso su eliminación definitiva, a cambio de una mayor vinculación del cliente. Es decir, a cambio de que contrate otros productos, como tarjetas, plan de pensiones o domicilie la nómina.

Consolidar el abuso

Desde las organizaciones de consumidores, como la OCU o Adicae, sostienen que las «contraofertas» que realizan las entidades, en la mayoría de los casos no hacen más que consolidar el abuso. «Las fórmulas que plantean, como suspender el suelo uno o dos años o convertirlo en un tipo fijo por el mismo importe, implican la renuncia expresa del cliente a cualquier tipo de reclamación», explican, y recomiendan la vía judicial.

Entre uno y dos millones de hipotecas incluyen aún el polémico límite del tipo

Los colectivos de consumidores alientan recurrir a la vía judicial para reclamar

Malestar del sector financiero por el intento del Gobierno de forzar la supresión por ley

El suelo de las hipotecas es también una china en el zapato del Gobierno en año electoral. El Ministerio de Economía trató de resolver el problema vía Boletín Oficial del Estado, incluyendo en la ley de segunda oportunidad su eliminación, algo que finalmente no salió porque la banca -profundamente molesta- se opuso frontalmente. «En el borrador de la ley se cargaban de un plumazo las cláusulas suelo. Pero el sector se negó porque son legales. Tienen todo el sentido empresarial, son un contrato y, salvo en los casos en los que haya causa de nulidad -falta de transparencia o desproporción entre el suelo y el techo de la cláusula-, son legales y no tenemos por qué eliminarlas», insisten fuentes financieras.

El intento del Ejecutivo quedó finalmente reducido a la eliminación temporal para quienes se acogieran a la ley de segunda oportunidad, y definitiva para los beneficiarios del código de buenas prácticas. Pero aunque el Gobierno sigue enviando «recados» a la banca «instando» a que suprima por completo el suelo -consultado al respecto, el Ministerio de Economía guardó silencio-, el sector no quiere ceder más. «Contratar otros productos a cambio de retocar las cláusulas suelo está pasando, negociamos, pero no el golpe de efecto que pretendía el Gobierno en período preelectoral. Para ganarte a la opinión pública no puedes crear inseguridad jurídica cambiando las reglas del juego a mitad de partida», defiende el sector.

Paralelamente, en el ámbito judicial esta semana se celebrará en Madrid la vista para las medidas cautelares de la macrodemanda colectiva presentada por Adicae, que agrupa a 15.000 afectados, y en la que la jueza podría dejar cautelarmente sin efecto las cláusulas hasta que haya sentencia.