El juzgado ordena embargar todo el patrimonio de Fernández de Sousa

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid ha acordado el embargo preventivo de todo el patrimonio que figura a nombre del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa. El decreto, fechado el 31 de marzo del 2015, establece los bienes con los que el principal imputado del caso, ahora en manos del juez José de la Mata, debe cubrir la garantía de pago de la fianza solidaria, fijada en 158 millones de euros, en el caso de que se decrete responsabilidad civil.

Las propiedades sujetas a embargo que constan en el decreto, son cuatro fincas en Mérida (Extremadura) y una en El Escorial (Madrid); demás de dos vehículos de la marca Mercedes y cinco cuentas bancarias, en las entidades Sabadell, Abanca y BBVA.

La relación de bienes enajenados coincide con la petición del Ministerio Fiscal en el informe emitido el 10 de febrero, con la excepción de las sociedades Kiwi España y Quinta do Sobreiro, que quedan excluidas del decreto de embargo, a pesar de que el fiscal, Juan Pavía, concluyó que «ambas firmas han permanecido bajo el control de De Sousa, que ha seguido siendo su administrador único hasta febrero del 2014».

Investigación patrimonial

El expresidente de Pescanova presentó al juez Pablo Ruz (encargado del caso hasta el pasado 8 de abril) como único patrimonio inmobiliario una finca no edificable de 52 hectáreas en el municipio madrileño de El Escorial, además de un listado de participaciones societarias, los dos vehículos Mercedes y una cuenta corriente en Banco Sabadell, con un saldo de 4.007,62 euros a fecha del 20 de noviembre del 2014.

Pero días más tarde (el 10 de diciembre), el fondo de inversión Luxempart -que junto con la cervecera Damm trató de hacerse con Pescanova tras la entrada en concurso de acreedores- remitió a Ruz un documento que enumeraba propiedades atribuidas a Fernández de Sousa que no constaban en la declaración de bienes del imputado, entre ellas, cuatro fincas rústicas en Badajoz, dos pazos y obras de arte.

Como consecuencia, el juez ordenó una investigación patrimonial del principal imputado. El 17 de diciembre, los abogados del expresidente de Pescanova reconocieron ante el juez la omisión involuntaria de la propiedad de cuatro fincas rústicas en la provincia de Badajoz, que ahora han quedado embargadas. Según precisaron los representantes legales de De Sousa, «no ha habido ninguna voluntad de ocultar su titularidad ya que, hallándose inscrita registralmente, es fácil de conocer para cualquiera».

Fernández de Sousa está imputado por falseamiento de información económica o financiera y falseamiento de cuentas anuales; además del delito de uso de información relevante.

Embargos a Paz Andrade

Otro de los imputados en el caso es el exconsejero de Pescanova Alfonso Paz Andrade, sobre parte de cuyo patrimonio también pesa un decreto de embargo desde el pasado 1 de abril para garantizar la fianza solidaria. En concreto, el juzgado ha acordado la enajenación preventiva de dos fincas, una en Pontevedra y otra en Gondomar; además de seis vehículos y tres cuentas bancarias, en las entidades Sabadell, Abanca y Popular. El listado de propiedades a su nombre que obra en poder del juez recoge un total de cinco inmuebles (dos en Gondomar, otros dos en Pontevedra y uno en Samil, Vigo).

Quedan por determinar las propiedades con las que otros cuatro imputados de la alta dirección de Pescanova (Antonio Táboas Moure, Carlos Turci, Fernando Fernández de Sousa y Alfredo López Uroz) deberán garantizar la fianza.

La Fiscalía desvía a Pontevedra el pacto de Damm y Luxempart con la banca acreedora

La Fiscalía General del Estado ha encargado a la Fiscalía de Pontevedra que valore la denuncia de un presunto pacto irregular que permitió la aprobación del convenio de acreedores de Pescanova. El pasado 17 de abril, el ministerio público admitió la querella presentada por un accionista minoritario de Pescanova, en la que se acusaba a la compañía de una «supuesta compra encubierta de los votos del grupo Damm y el fondo de inversión Luxempart para apoyar la propuesta de convenio de acreedores de los bancos», que fue aprobada en mayo del 2014.

La denuncia se basa en el informe de gobierno corporativo de Pescanova, correspondiente al pasado ejercicio, en el que consta textualmente que los accionistas Damm y Luxempart «comprometieron su voto a favor en el proceso de aprobación de los convenios, con el objetivo de apoyar a Pescanova».

El marzo del año pasado, el grupo cervecero accedió a retirar su propuesta de convenio, ante la falta de apoyo de los bancos, que asumieron el rescate que permitió levantar el concurso. Pero esa renuncia no fue gratuita ya que, según el informe, Pescanova se «comprometió a compensar» a la corporación por los gastos del análisis legal, fiscal, comercial y de cualquier otra naturaleza realizados en relación a la propuesta de convenio.

El compromiso fue validado por la administración concursal de la pesquera. El importe previsto por la compañía asciende hasta los tres millones de euros, que se pagarán a plazos a partir de la primera disposición del crédito súper sénior previsto en el plan de viabilidad.