El Supremo rechaza indemnizar a las fotovoltaicas por el recorte de las primas

De indemnización, nada. El Tribunal Supremo ha desestimado los cinco primeros recursos planteados por empresas fotovoltaicas contra la decisión del Consejo de Ministros que se negó a indemnizarlas por daños y perjuicios después de que el Ejecutivo aprobara en el 2010, siendo Miguel Sebastián responsable de Industria, una normativa que recortaba las primas a las plantas solares.

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo, que ha resuelto los recursos, considera que la existencia de un daño «indemnizable» debe contemplarse en relación con toda la vida útil de las instalaciones -en este caso, de 30 años- y sostiene que la prueba pericial practicada demostró que la disminución de ingresos derivada de la limitación de la retribución ha sido compensada mediante disposiciones posteriores. Así, considera «razonable» la rentabilidad de en torno al 8 % anual que obtienen las plantas, lo que excluye que el daño sea real y antijurídico y elimina el derecho a indemnización.

Ahora trasladará las sentencias a las más de 150 empresas que también han planteado recursos, para que decidan si continuarán, a la vista del criterio fijado.

La primera reacción del sector, que recibe el segundo golpe judicial en diez días -el Constitucional también avaló el recorte de primas- fue dura. Desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) consideran «injustas» las sentencias, que entienden «consuman uno de los capítulos más sombríos de la democracia española». El colectivo se queja de agravio comparativo, ya que por primera vez un cambio retroactivo en el sector energético «no resulta compensado por el Estado», como sí ocurrió con la moratoria nuclear o, más recientemente, con la indemnización por el cierre de Castor, en los que «el Gobierno de turno sí consideró esencial la petrificación de las condiciones para garantizar la seguridad jurídica».

Incentivos no «petrificados»

Y es que el Supremo argumenta precisamente que «la forma, la cuantía, la extensión y la duración de los incentivos reconocidos a las instalaciones fotovoltaicas no pueden quedar petrificadas con la regulación inicial, sino que son susceptibles de las correspondientes adaptaciones a las nuevas circunstancias», entre las que cita el desarrollo tecnológico y el cambiante escenario económico, que modificó las previsiones iniciales de demanda eléctrica, sin olvidar el conocido como déficit tarifario.

Insiste en que las empresas «no adquirieron, ni incorporaron a su patrimonio, un derecho, perfecto e ilimitado, a percibir una tarifa regulada» por toda la energía producida y durante toda la vida de la planta en los términos en los que establecía la primera normativa, y subraya que el Ejecutivo cumplió con la exigencia legal de que las instalaciones ofrezcan una «rentabilidad razonable», algo que probó la prueba pericial. Anpier afirmó ayer que confía en la Justicia europea.

Galicia se disputa con Asturias una planta de biomasa en la que se invertirán 100 millones

Si la subasta eólica celebrada la semana pasada pasó sin pena ni gloria en Galicia, excluida de las adjudicaciones, la de la biomasa podría dejar un premio gordo en la comunidad. Renova Generación, una empresa del Grupo García Forestal, con sede en Cedeira, ha arañado 49,9 megavatios en la puja, que podrían materializarse en forma de una nueva planta de generación eléctrica que se ubicaría en Galicia o en Asturias.

Manuel García, consejero del grupo, explica que en la actualidad tenían varios proyectos en cartera en ambas comunidades, «todos de tamaño inferior» al que ahora está sobre la mesa y a los que renunciarán para apostar por una única planta que garantice la viabilidad después de haber renunciado a cualquier retribución pública por la inversión.

La puesta en marcha de esa nueva planta supondría un desembolso cercano a los cien millones de euros, según sus cálculos, y generaría alrededor de 750 puestos de trabajo, entre los directos y los indirectos. A esto hay que sumar que, durante los dos años que duraría la construcción de la central, se generarían entre 250 y 350 puestos de trabajo más. En cuanto al impacto económico que tendría la instalación en la comunidad en la que se instale, García calcula que podría rondar los veinte millones de euros anuales solo en compra de biomasa, además de generar un ahorro de otros dos millones a los propietarios de terrenos que, para cumplir con la normativa autonómica, están obligados a eliminar los residuos de las cortas, de lo que se ocuparía la empresa.

¿Qué llevará entonces a los promotores a decidirse por uno u otro emplazamiento? «La ubicación dependerá de las posibilidades de conexión y la disponibilidad de biomasa para abastecerla, y también de la disposición de las Administraciones [la Xunta y el Gobierno asturiano] para tramitarla en plazo», explica García.

En cuanto a los tiempos, la empresa dispone de cuatro años para ponerla en funcionamiento. «De momento tenemos 45 días para poner el aval, y después el Gobierno publicará la resolución definitiva», apunta el responsable de Renova Generación, que no esconde que «somos gallegos y nos gustaría hacerlo aquí, trabajamos con la idea y la esperanza de poder desarrollar el proyecto en Galicia».

Si se confirma esta intención preliminar, Vilalba y Curtis son las ubicaciones que dan como más probables. Aunque, para que la inversión se materialice, necesitan que la Xunta derogue un decreto que limita a 10 megavatios la potencia por planta de biomasa, «porque solo son viables las más grandes».

La central generaría hasta 350 empleos para su construcción y otros 750 ya en marcha