Las empresas de drones se multiplican por cuatro en Galicia en solo medio año

El mercado de los drones vuela alto en Galicia, que vive un momento de fuerte eclosión con nuevos operadores que se han dado de alta durante los últimos meses en el registro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). En junio del 2015 figuraban en este listado -obligatorio para acometer estas actividades- 14 empresas gallegas. En medio año se han multiplicado por cuatro y ya son 56: 26 en A Coruña, 18 en Pontevedra, 7 en Lugo y 5 en Ourense.

A la moda del dron se han apuntado también organismos oficiales como la Axencia Galega de Emerxencias o las universidades de Santiago y Vigo. Las instituciones académicas tienen líneas de trabajo vinculadas al I+D.

Entre las entidades privadas hay operadores convencionales que ofrecen una cartera de servicios basada muchas veces en la fotografía aérea, pero también se encuentran empresas que están buscando un hueco muy especializado dentro del sector.

Es el caso del Instituto Tecnológico de Galicia, que cuenta con acreditación ministerial de centro tecnológico nacional y que se ha centrado en el diseño de soluciones de ingeniería embarcables. «Asesoramos a firmas de drones sobre las mejores soluciones que tienen en el mercado para integrar los equipos electrónicos que necesitan, y si no existen, aportamos nosotros una solución», explica Marco Antonio González, responsable del área de drones del Instituto.

Pero ¿cuáles son los motivos que están detrás del auge del sector en Galicia? Los expertos apuntan dos: el Civil UAVs Iniciative, un proyecto impulsado por la Xunta a través de la Axencia Galega de Innovación con un presupuesto de 55 millones de euros, y la mejora en las condiciones de navegación que traerá una reforma legal que está a punto de ver la luz.

Fuentes de AESA explican que «la ley está lista para su aprobación». De hecho, estaba prevista para finales del 2015. Precisan que «AESA envió el texto al Ministerio de Fomento» para que lo consensuase con los otros dos implicados en el trámite: Industria e Interior. Pero esa puesta en común «también se ha hecho». Fomento confirma ese punto. La reforma de la norma está «lista», pero ahora es necesario que «haya Gobierno» en España para que pueda aprobarse. Obviamente, no hay fechas, pero los operadores esperan su llegada como agua de mayo.

¿Por qué motivo? Fundamentalmente, porque incluye una importante novedad: permitirá que drones de hasta diez kilos de peso sobrevuelen las poblaciones, un espacio terminantemente prohibido mientras no se apruebe el nuevo texto, idéntico caso que el de las áreas de influencia de los aeropuertos.

Podrán sobrevolarse ciudades y áreas próximas a aeropuertos

El sector audiovisual está tirando de los operadores de drones, porque estos aparatos «están muy presentes ya en películas y anuncios. Casi todos los de coches, por ejemplo, incluyen imágenes aéreas», destaca Aquilino Abeal, responsable de Aeromedia UAV, una empresa afincada en Oleiros que está formando pilotos, desarrolla proyectos de I+D y viene de rodar un documental para TVE en Nigeria.

«Es verdad que hay trabajo en el sector audiovisual, pero también mucho humo», previene Abeal, porque «no hay carga de trabajo suficiente y no se buscan pilotos». Recuerda además que muchos operadores son fotógrafos de bodas con drones pequeños. En su opinión, el motor del crecimiento en Galicia es el plan Civil UAVs de la Xunta, de 55 millones de euros. «De ellos, 20 millones se reservan para un máximo de tres grandes socios tecnológicos, como Boeing, Airbus o Indra, pero otros 20 millones -destaca- serán para empresas que propongan soluciones para drones».

Se supone que ahí, en ese mercado de aplicaciones pueden hallar acomodo muchos operadores gallegos, que deberán ir «de la mano de un organismo oficial».

Abeal espera con los brazos abiertos la nueva ley, que permitirá «volar sobre las ciudades, aunque con restricciones». Así, el peso total del aparato no podrá pasar de 10 kilos en el momento del despegue «y habrá que dejar una distancia de seguridad de 50 metros con las personas y de 150 con los edificios». El techo de vuelo sigue siendo 120 y se exigirá autorización para cada iniciativa programada. La norma obliga además a incorporar «mecanismos de limitación de energía de impacto en las aeronaves» cuando sobrevuelen poblaciones. Esto es «un paracaídas o tal vez un airbag».

Además, están previstos mecanismos de excepción que permitirán invadir otras zonas hasta ahora inabordables, como áreas de influencia de los aeropuertos. «Y habrá mecanismos de coordinación que contemplarán las excepciones, porque ahora nos encontramos con que la Administración nos encarga trabajos que no se pueden autorizar. O sea, un limbo legal», explica.