De perfil ante los incumplidores

Incumplimientos reiterados e impunes hasta ahora, que el Gobierno pretende sacar el látigo. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, responsabilizando a las comunidades (todas, menos Canarias, Galicia y País Vasco, díscolas en lo que a consolidación fiscal se refiere) del exceso en el objetivo de déficit del 2015, que cerró en el 5,2 %, 10.000 millones por encima de lo previsto. Las comunidades tendrían que haberse ajustado al 0,7 %, pero lo duplicaron.

El ministro ha sacado la vara de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, un instrumento aprobado en el 2012, pero del que el Ejecutivo no ha echado mano hasta ahora, obligado por Bruselas, ya en funciones, con su capacidad de actuación muy mermada y consumado, una vez más, un incumplimiento que deteriora la imagen de socio serio ante la UE.

«No puede ser que gobernar consista en decir que las prioridades son todas y que alguien me financiará. ¿Quién es ese alguien? Gobernar es elegir, es decidir. Y si estableces una prioridad, tienes que gastar menos en otra», insistió el ministro, censurando a las comunidades un comportamiento extrapolable al del Ejecutivo frente a Bruselas, ya que Zapatero negoció una prórroga en la consecución del objetivo de déficit y dos más Rajoy.

El primer paso de Hacienda ahora será remitir cartas a las autonomías exigiéndoles la aprobación de un «acuerdo de no disponibilidad» que impida financiar nuevos gastos este año, además de medidas adicionales de transparencia en el cumplimiento de la regla de gasto. Asimismo, quienes quieran acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), deberán cumplir con una «condicionalidad aumentada».

Al rescate de las comunidades

Cabe recordar que durante esta legislatura el Gobierno central rescató a las comunidades asfixiadas por los impagos y con los mercados cerrados para financiarse. Desde el 2012, las Administraciones autonómicas han recibido 180.000 millones a través de estos mecanismos extraordinarios de financiación, algo que los expertos señalan como desincentivador para un ajuste serio. ¿Para qué apretarse el cinturón si papá Estado nos rescatará?

El discurso de que el Gobierno no permitiría quebrar a ninguna comunidad, pero que a cambio no toleraría incumplimientos del déficit, ha quedado en evidencia, ya que pese a que el desfase se ha repetido año tras año, ningún territorio ha sido sancionado.

Ahora, empujada por la advertencia de la Comisión Europea del pasado 9 de marzo, que reclamó «medidas», Hacienda aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, concretamente su artículo 25 que, además de la no disponibilidad de gasto, incluye otras actuaciones coercitivas para quienes no cumplan su Plan de Estabilidad Financiera, como «constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su PIB nominal». Montoro aseguró que «confiaba» en que tal medida no fuera necesaria, al igual que otras que recoge la ley, que puede incluso llegar incluso a la intervención de las comunidades. El ministro, además, confirmó que el Gobierno en funciones no tiene ni capacidad ni tiempo para desarrollar más acciones.

El Ejecutivo saliente tiene que tragarse el sapo de, por una parte, informar a Bruselas del sonrojante desfase (es el ministro de Economía el encargado de tal cometido) y, por otro, enfrentarse a una posible sanción, algo que la UE decidirá en mayo y que podría llegar a los 2.000 millones de euros, el 0,2 % del PIB.

Pero hasta llegar a este punto, no solo negó hasta el último minuto que España fuera a rebasar de largo el límite, sino que ignoraron todas las advertencias. ¿El motivo? El 2015 fue un año trufado de citas electorales y el Gobierno puso toda la carne en el asador. Envueltos en la bandera de un crecimiento de récord -que evidencia aún más la incapacidad para embridar las cuentas-, relajó el control y disparó el gasto, reforma fiscal incluida. Y deja en herencia a quien le suceda un ajuste de 18.000 millones.

Bruselas, FMI, el Banco de España o el BBVA, entre los que alertan de que el desfase seguirá

El calendario que Bruselas había fijado para que España volviera a los límites de déficit que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se cumplirá. Las voces que así lo creen no dejan de aumentar. El último en sumarse a la advertencia ha sido el propio Banco de España, que el viernes confirmó una previsión poco alentadora: este año cerraremos en el 4,4 % y el próximo en el 3,4 %; es decir, muy lejos aún del 2,8 % del límite fijado para el 2016.

Tampoco la Comisión Europea confía en que España cumpla, especialmente después de la brecha «peor de la esperada» del 2015, ni el Fondo Monetario Internacional (FMI), que avanzaba para este año un déficit del 3,5, a todas luces, irrealizable.

En idéntico sentido van las estimaciones del servicio de estudios del BBVA, que en su última actualización esperaban haber cerrado el 2015 en el 4,5 % y pronosticaban un optimista 3 % para este ejercicio. Igualmente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advertía en diciembre del «riesgo de incumplimiento» en el 2016 por parte de las comunidades.

Galicia, por su parte, reivindica su papel de alumna aventajada, capaz de compatibilizar la vuelta al crecimiento vigoroso (del 3,2 % en el 2015, el mejor resultado desde el año 2007), con la reducción del déficit (el segundo menor de todas los territorios) y el control del endeudamiento (es la comunidad en la que menos creció la deuda en la legislatura).