Acusan al Banco de España de prevaricación por no vigilar las cajas

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) presentó ayer en el Banco de España un escrito en el que aprecia un posible delito de prevaricación cometido por el organismo supervisor, al incumplir la Ley de Disciplina e Intervención que lo obligaba a vigilar y sancionar a las cajas de ahorros durante la crisis económica. La organización acompaño el documento de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que constata las «debilidades, incumplimientos y actuaciones incorrectas» cometidas por el Banco de España en el caso Bankia; así como de un estudio de la Confederación de las Cajas de Ahorros (CECA) que da cuenta de la pérdida de más de 46.000 empleos en el sector desde el 2009.

El escrito está dirigido al gobernador Luis María Linde y al resto de los miembros de la Comisión Ejecutiva y expone que la Ley sobre Disciplina e Intervención, vigente desde 1988 hasta el 2014, contemplaba la potestad del Banco de España de imponer sanciones a las entidades que infringieran normas de carácter monetario o afectaran a su solvencia. Sin embargo, la CIC advierte de que los responsables y directivos de las cajas que tuvieron que ser rescatadas y que, con su «ruinosa» gestión «quebraron» dichas entidades, no han sido inhabilitados y, en su lugar, «disfrutan de pensiones millonarias o siguen en sus puestos de responsabilidad». «Consideramos un gran sarcasmo, que las dos únicas personas que han sido sancionadas con la inhabilitación hayan sido dos sacerdotes de Cajasur, por la aplicación de la Ley de Disciplina e Intervención. Ni tan siquiera fue inhabilitado el director general. Pero y ¿qué ha ocurrido con el resto de las cajas que tuvieron que ser rescatadas?», se pregunta la CIC, para hacer referencia a los casos de Catalunya Caixa, Caixa Tarragona, Caja Inmaculada, las cajas gallegas, Caja Sol o Caja Segovia.

La CIC resalta que las sanciones se han limitado a directivos de Cajasur y Caja Castilla-La Mancha, y concluye que la «falta de diligencia» de los órganos rectores del Banco de España, al menos, desde el 2006, es constitutiva de un «posible delito de prevaricación por comisión u omisión». «Es nuestro deber trasladar toda la información que actualmente disponemos a la Fiscalía Anticorrupción por, si lo estima oportuno, abrir diligencias», indica en su escrito.