Cien millones en juego en la guerra por la plusvalía municipal

Tras los revolcones judiciales a las cláusulas suelo, los tribunales han puesto ahora bajo la lupa el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal. Y es que, pese a su nombre, este tributo, que se aplica en todas las operaciones en las que se transmite un inmueble, también se liquida en aquellos casos en los que el bien no ha aumentado de valor. Ocurrió, con mucha frecuencia, en los años de la crisis. Pisos o terrenos adquiridos en pleno bum y vendidos años más tarde cuando la burbuja ya había estallado, a precios muy inferiores al desembolsado para su compra.

Sin embargo, a la hora de liquidar el impuesto no se tiene en cuenta esa circunstancia, puesto que se toma como referencia el valor catastral y se aplican unos coeficientes en función de los años que hayan pasado desde la adquisición del bien, por lo que, en la práctica, siempre sale a pagar, aunque haya pérdida de valor.

Pero ese método de cálculo ha sido ya cuestionado en numerosas sentencias judiciales que niegan el derecho a gravar una plusvalía que no existe (y ordenan al ayuntamiento demandado a devolver lo cobrado) y el caso ya ha llegado al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre su encaje en la Carta Magna.

El respaldo judicial ha dado alas a los despachos de abogados, que han empezado a organizarse para canalizar el aluvión de reclamaciones que esperan para los próximos meses, ahora que el caso empieza a cobrar relevancia pública. En Galicia, hay ejemplos como el de Pin & Del Pino Abogados y Asesores Tributarios, un despacho lucense que ha puesto en marcha una plataforma para dar servicio en toda España a los afectados que quieran reclamar la plusvalía, con una web explicativa del proceso (recuperarplusvaliamunicipal.com). Y es que no en todos los ayuntamientos los pasos a dar son iguales. Depende, sobre todo, del régimen de liquidación del municipio en cuestión: si es el contribuyente el que autoliquida el impuesto, hay hasta cuatro años para instar la devolución de ingresos indebidos, pero si la liquidación la emite la hacienda municipal solo hay un mes para recurrir.

Carlos del Pino, socio de la firma, que equipara el caso al del céntimo sanitario, recomienda iniciar la reclamación en todos los casos en los que se haya pagado la plusvalía municipal sin que el valor real del bien hubiese aumentado. Pero apunta que incluso en aquellos casos en los que sí hubo revalorización puede ser conveniente reclamar, sobre todo si fueron pagos muy elevados. Y es que si el Constitucional anula en el futuro el impuesto, solo los que hayan iniciado el proceso legal podrán reclamar responsabilidades patrimoniales a la Administración.

En juego hay muchos millones. Solo en el 2015 la recaudación de este impuesto en los 114 ayuntamientos gallegos que lo repercuten ascendió a 41,3 millones de euros, con lo que en los cuatro ejercicios revisables la cifra puede superar los cien millones (aunque la cantidad que se podrá recuperar será inferior).

No solo los abogados pelean contra la plusvalía municipal, también lo hacen las inmobiliarias. Benito Iglesias, presidente de la Federación Gallega de Inmobiliarias, ve «incomprensible» que la normativa fiscal dé la espalda a la realidad económica y se graven plusvalías inexistentes.