La deslocalización a Portugal amenaza a los sectores más vitales de la economía gallega

Imaginemos un empresario gallego que necesita expandir su empresa. Comienza a buscar suelo y lo más barato (no lo mejor) que encuentra no baja de 100 euros el metro. Necesita ampliar plantilla, y los costes se le disparan. Hacienda no le va a echar una mano. Todo lo contrario, el año que viene ya ni siquiera le va a permitir fraccionar el IVA. Y entre tramitaciones, planes y licencias la obra acabada se le pone en el 2020.

No le salen las cuentas. Desesperado, acude a un parque empresarial de Valença (Portugal). Ve el cielo abierto cuando le ofrecen suelo urbanizado y listo para ocupar a 20 euros el metro cuadrado, bonificaciones a la contratación de portugueses que, sumadas a los sueldos más bajos, reducen el coste salarial en un 50 %. Y en materia fiscal, exención del IBI, deducción de hasta un 25 % en sociedades si reinvierte cada año un 10 % de los beneficios obtenidos. Los número cuadran.

No hay galleguidad ni sentimiento de país que pueda con esta situación de desventaja y falta de competitividad que ha llevado ya a instalarse en el norte de Portugal a más de 300 empresas gallegas en apenas una década.

La deslocalización y pérdida de inversión por la apertura de filiales en el norte luso es ya un hecho en la automoción. Los proveedores de componentes de matriz gallega que están instalados en Portugal superan ya la treintena.

Pero el proceso se extiende a otros muchos sectores, algunos tan vitales para la economía gallega como el naval, la industria frigorífica, el procesado de la pesca, la logística, el granito... Y ahora también el textil, si se cierra la negociación que llevaría a Bimba y Lola a situar en Valença su nueva sede e instalaciones logísticas para afrontar su fuerte expansión internacional.

Hay motivos de preocupación, y prueba de ello es que la Xunta empieza a reaccionar. La medida pensada es una ley de competitividad que facilitará las inversiones singulares en Galicia y una implantación más dinámica de empresas en polígonos industriales. Así lo ha explicado Feijoo en el Parlamento. El problema es que es una ley y, como todas las normativas, conlleva una carga burocrática poco útil en estos momentos.

Opiniones sobre cómo atajar el problema las hay para todos los gustos. «No es un tema de precio, es un tema de coste de oportunidad», considera el líder de los empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, que señala directamente la lentitud burocrática y administrativa como culpable. La patronal metalúrgica gallega cree que es «posible» hacer frente a esta dura competencia con una apuesta en serio por la industria 4.0. La clave está en más robótica, buena logística y nuevos sistemas de producción», según el secretario general de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón.

Arménio Carlos, secretario general del sindicato luso CGTP, enfoca desde otro punto de vista el problema. Sostiene que no obedece tanto a incentivos fiscales o precios de suelo simbólicos como a los bajos salarios y condiciones laborales precarias que encuentran al otro lado del Miño. «La lucha tiene que centrarse en conseguir sueldos dignos, porque todos estamos en el mismo barco: Europa; y hoy el traslado es a Portugal, pero mañana habrá otras deslocalizaciones hacia el este de Europa o Marruecos», asegura.