UGT teme presiones a la plantilla del Popular con acciones para que acepte el canje del Santander

El sindicato UGT ha manifestado su «preocupación» porque el Santander pueda presionar a los empleados del Popular y a sus familiares que tenían acciones de la entidad y que fueron amortizadas al resolver el banco, para que acepten la compensación ofrecida para la inversión perdida, en lugar de recurrir a los tribunales.

Así lo manifiestan las secciones sindicales estatales de UGT en el Santander y el Popular en una circular interna titulada «Empleados-familiares accionistas». En ella recuerdan que en la primera reunión que mantuvieron con los responsables del Santander, pocos días después de la adquisición del Popular, le habían reclamado dos medidas urgentes: por un lado, un protocolo de seguridad con el que los empleados pudieran enfrentarse a las situaciones críticas con los afectados por la resolución del banco, y por otro, medidas para minimizar las pérdidas de los empleados y sus familiares que habían invertido en acciones o deuda subordinada. UGT estimaba que el 70 % de la plantilla tenía títulos del banco.

La organización valora la celeridad del Santander para poner en marcha el protocolo, pero se reserva la valoración sobre la acción comercial anunciada para compensar las pérdidas a los pequeños inversores -bonos perpetuos al 1 % de interés anual, canjeables, previa autorización de la entidad, a partir de los siete años-, y la elección la deja «dentro del ámbito individual de cada empleado o familiar».

«Lo que nos preocupa en esta fase es que se pudiera ejercer una presión o coacción sobre los empleados o familiares para suscribir el producto, y de esta manera evitar que se acuda libremente a las acciones judiciales ya iniciadas, o por iniciar», señalan, pidiendo a los trabajadores que informen «de cualquier tipo de situación que pudiera darse en ese sentido, para poner solución a tiempo».

Por otra parte, a punto de expirar el plazo -vence el próximo lunes, 7 de agosto- para recurrir la resolución y subasta del Popular, tanto ante la Audiencia Nacional como ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se intensifica el goteo de acciones judiciales.

Así, ayer un grupo de inversores mexicanos, entre los que se encuentra Antonio del Valle, accionista de referencia del Popular que forzó la salida del expresidente Ángel Ron, solicitaron ante la justicia europea la nulidad de la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que acabó con la venta del banco al Santander. 

También gallegos

No fueron los únicos, ya que, tal y como habían anunciados días atrás, tanto la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), a través del despacho Cremades & Calvo Sotelo, como más de 2.000 afectados por la resolución del Popular, a través del despacho gallego Rúa Abogados, llevan el caso al TJUE. Aemec presentó ayer su recurso, mientras que Rúa agotará el plazo y lo hará el lunes.