Hacienda calculará el valor real de los inmuebles, pero dice que no influirá en el recibo del IBI

En la letra pequeña de los Presupuestos, esa que pasa desapercibida tras titulares más llamativos como la subida de las pensiones mínimas o la rebaja del IRPF a los mileuristas, Hacienda ha incluido una modificación legal que permitirá al Catastro, a partir de la aprobación de las cuentas públicas (si es que el Gobierno reúne los apoyos necesarios para ello), establecer un nuevo valor de referencia de mercado para los inmuebles, que será independiente del valor catastral y que le permitirá tener una referencia más próxima al precio real de la propiedad.

El nuevo baremo, que estará a disposición de las Administraciones y de los ciudadanos, se calculará a partir de los precios de las compraventas registradas por los notarios, que «serán contrastados con otras fuentes de información», explican desde Hacienda.

Desde el ministerio de Cristóbal Montoro precisaron ayer que la aplicación de ese nuevo valor de mercado no se traducirá en un incremento del recibo del IBI o de la plusvalía, ya que estos impuestos se calculan tomando como referencia el valor catastral del inmueble, «que no se altera». Y recordaron que son los ayuntamientos los que tienen potestad para fijar los tipos de estos tributos (dentro de unos márgenes predefinidos).

Según la versión oficial, este nuevo baremo «nace para fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia» y será utilizado como una herramienta para controlar el fraude, ya que permitirá determinar cuándo una compraventa se realiza muy por debajo del precio medio al que se han cerrado otras operaciones en la misma zona. 

Temor a un catastrazo

Con esta explicación, Hacienda intentaba salir al paso de algunas interpretaciones que apuntaban que el establecimiento de este nuevo valor de mercado podía ser el primer paso hacia un nuevo catastrazo. En esa línea apuntaban ayer desde la patronal gallega de las inmobiliarias, donde advierten que no sería de recibo que los ayuntamientos intentaran compensar la previsible caída de los ingresos por plusvalía (ahora que la nueva ley en tramitación impedirá gravar las operaciones en las que no haya ganancia patrimonial) con un incremento del IBI. Al contrario, reclaman una rebaja de los impuestos sobre la vivienda para acompasar la recuperación del mercado.