El Consejo de Política Fiscal aprueba otra vez aliviar el déficit autonómico

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este miércoles los mismos objetivos de estabilidad para las autonomías para el próximo trienio que ya aprobó a mediados de julio y con la única novedad de la Comunidad Valenciana, que ha pasado de la abstención al voto favorable.

De hecho, la Comunidad Valenciana ha votado a favor de suavizar el déficit a cambio de medidas que supondrán 850 millones de euros adicionales para la región valenciana y entre ellas destaca el acuerdo por el que el Estado asumirá la deuda del Consorcio Valencia 2007 que ronda los 350 millones de euros. Además, según ha declarado el presidente valenciano, Ximo Puig, que ha asumido personalmente las negociaciones con Hacienda, se ha acordado la refinanciación de 1.000 millones de euros de la deuda valenciana de corto a largo plazo.

La votación de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para aliviar el déficit autonómico (2019-2021), que fue rechazada por el Congreso el 27 de julio, ha vuelto a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP y Canarias mientras que han votado a favor las siete comunidades socialistas y Cantabria. Por tanto, los objetivos de estabilidad y deuda pública aprobados, que han sido votados por primera vez de forma telemática, pasarán al Consejo de Ministros donde serán ratificados este viernes.

Cataluña, ausente

De nuevo,  Cataluña ha rehusado participar en el Consejo y ha excusado su presencia con una carta enviada por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que ha argumentado que las relaciones económicas entre la Generalitat y Estado deben dirimirse de manera bilateral.

Las comunidades gobernadas por el PP, que se han opuesto a la propuesta del Gobierno, han justificado su voto en contra con los mismos argumentos que hace un mes. Así, el Gobierno de Murcia ha reclamado la modificación del actual sistema de financiación que genera el 80 % de la deuda regional y ha lamentado el «maltrato económico» que sufre la comunidad por parte del Ejecutivo central. También La Rioja ha insistido en que la propuesta del Ejecutivo significa «más gasto, más deuda, más impuestos y empeora el crecimiento económico y la creación de empleo». En Castilla y León, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha remitido un informe a la Secretaría del CPFF para que revise las entregas a cuenta de las comunidades y ha demandado 142 millones euros correspondientes al IVA. Canarias, que ha repetido el voto en contra, ha reiterado que rechaza la propuesta porque «castiga a las administraciones cumplidoras».

La Xunta: «Solo anticipa subidas de impuestos y no garantiza la sostenibilidad del Estado de bienestar»

La Xunta de Galicia, por su parte, ha emitido un comunicado en el que justifica el voto contrario del Gobierno gallego a la ampliación de la senda de déficit propuesta por el Ejecutivo central porque entiende que «implica más deuda para los gallegos». La Administración autonómica asegura estar trabajando «en el sentido contrario» al que propone esta medida pactada con las instituciones europeas y se muestra contraria a aumentar el déficit en un «escenario de fuerte recuperación económica y en un contexto en el que todos los organismos públicos dedicados a la prospectiva económica recomiendan reducir el peso de la deuda pública».

Además, la nota informativa expone que esta medida «no se traduce en una mayor capacidad de gasto real para atender las necesidades de las omunidades autónomas», las cuales -indica- precisan de «más recursos» para poder atender y garantizar los servicios públicos que prestan. De este modo, acerca de la propuesta del Gobierno central, desde el Gobierno gallego advierten de que «solo anticipa subidas de impuestos y no garantiza la sostenibilidad del Estado de bienestar». Sin embargo, en la Xunta sí entienden como «prioritario» solucionar el caso de los 200 millones de euros detraídos a Galicia como consecuencia de la liquidación del IVA de los últimos meses del 2017, un asunto que el Ejecutivo central se ha comprometido a solucionar en breve plazo. 

Mientras, comunidades gobernadas por socialistas, como Castilla-La Mancha, han considerado que el nuevo déficit es «un paso en la dirección correcta». El vicepresidente primero castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro, ha reconocido que le hubieran gustado «más avances» pero ha valorado el «cambio de rumbo» que supone que se atiendan las demandas de las comunidades, y desde Extremadura, la vicepresidenta Pilar Blanco ha valorado que la nueva senda se ajuste mejor a las necesidades financieras de las regiones. Desde Cantabria, la única comunidad no socialista que ha votado a favor, el consejero de Economía Juan José Sota ha considerado que la nueva senda de «flexibilidad» da mayor margen para afrontar los servicios esenciales.

La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez contempla para las comunidades un objetivo de déficit para el 2019 del 0,3 % del PIB frente al 0,1 % vigente, lo que supone un margen adicional de 2.500 millones de euros. Para el 2020, el límite propuesto es del 0,1 % y para el 2021 del 0 %.

Tras el visto bueno el viernes próximo del Consejo de Ministros, la senda presupuestaria pasará al Congreso donde el pasado 27 de julio fue rechazada por los votos en contra de PP, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, Bildu y Foro Asturias y las abstenciones de Unidos Podemos, Compromis, ERC y PDeCAT frente al único respaldo de socialistas y nacionalistas vascos. Por ello y para recabar apoyos, el Gobierno ha intensificado las negociaciones con los partidos y esta tarde, tras el Consejo de Política Fiscal, se reunirá con una delegación de Podemos encabezada por el secretario de Organización, Pablo Echenique.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera también ha dado el visto bueno a los objetivos de endeudamiento para las comunidades, que se mantienen en el 23,7 % para el 2019; en el 23 % para el 2020, y en el 22,2 % para el 2021.