Sánchez apela al interés nacional para seguir vendiendo armas a Arabia Saudí

El Gobierno antepone la defensa del empleo a los ideales pacifistas de los que tanta gala hace. «La política es compleja», admitió Pedro Sánchez, quien este miércoles confirmó que, «por interés nacional», no revisará los contratos armamentísticos con Arabia Saudí heredados del anterior Ejecutivo por temor a las represalias comerciales que pudiera emprender este país. Sánchez acudió al Congreso con la lección bien aprendida tras el susto de este verano a raíz del anuncio del Ministerio de Defensa de su intención de cancelar la venta de 400 bombas de alta precisión. Arabia Saudí amenazó entonces con cancelar su encargo de cinco corbetas a Navantia por valor de 2.000 millones de euros, lo que desató una crisis diplomática que afectó a varias carteras ministeriales y que solo se recondujo tras un delicado trabajo del titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la desautorización por parte del presidente del Gobierno de Margarita Robles, responsable de Defensa. En juego, 6.000 empleos en el astillero de Cádiz.

Este episodio motivó la comparecencia extraordinaria del jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja para dar cuenta de la postura de España sobre la venta de armamento a Arabia Saudí, fijada para este miércoles. Y la mala fortuna quiso que coincidiera en medio del terremoto internacional que se ha desatado a consecuencia del escabroso asesinato en el consulado de este país en Turquía de un periodista crítico con el régimen, un acontecimiento al que Alemania reaccionó con la petición de que la UE paralice la venta de armas a la espera de que se esclarezcan los hechos.

Sánchez se mostró consternado, pero reconoció que este asesinato «no puede ni debe impedir» que el Gobierno actúe «con responsabilidad». En política hay veces que «las realidades» se anteponen a «los ideales», admitió.

El secretario general del PSOE no puede permitirse que vuelvan a sentirse amenazados estos 6.000 empleos en una de las zonas con mayor índice de paro de Andalucía, que a su vez es la comunidad autónoma con la tasa de desempleo más elevada de España. Y mucho menos con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina (2 de diciembre), en las que Susana Díaz aspira a repetir en la Junta.

Las críticas, de los socios

Paradójicamente, el presidente se encontró con el entendimiento de las fuerzas de la oposición. El de Casado, que otorgó callando al reconducir su intervención hacia otras latitudes; y el de Rivera, que se mostró partidario de respetar todos los contratos.

Esta vez las críticas llegaron de buena parte de sus aliados parlamentarios, como ERC y Podemos, con los que se encuentra en plena negociación presupuestaria. El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, pidió a Sánchez que revoque los acuerdos. «Sé que está recibiendo enormes presiones y le pido que rectifique». Iglesias invitó a buscar un comprador alternativo para las corbetas y, en caso de que no aparezca, que sean las arcas del Estado las que asuman la cuenta: «Si hay que pagar una factura, la pagamos todos», dijo ante la estupefacción de las bancadas opositoras. Su propuesta tampoco convenció a Susana Díaz, a la que no le hizo falta estar presente en el debate para intervenir. «Pediría que algunos abandonaran la demagogia y el oportunismo. Decirle a Pablo Iglesias que hay 6.000 familias que se están jugando todo», declaró.

La Audiencia Nacional investiga comisiones en 11 contratos con Riad 

M. B.

Las sospechas de los supuestos pagos de comisiones en los contratos firmados por la empresa semipública española de seguridad y defensa Defex alcanzan a cinco países, entre ellos Arabia Saudí, donde se indagan once contratos millonarios de material de defensa. Así se recoge en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que en julio pasado dictó auto de procesamiento contra 27 investigados en una pieza referida, sobre todo, a la venta de equipamiento policial a Angola por más de 152 millones de euros. En esta causa se investiga el pago de comisiones a funcionarios extranjeros a través de sociedades instrumentales o en supuestos contratos de consultoría. Las pesquisas alcanzan a Egipto, Brasil, Camerún y Arabia Saudí. En el caso de Riad, se investigan once contratos de armas y munición realizados desde el 2005 hasta aproximadamente el 2014, para lo que el juez ha expedido varias comisiones rogatorias en busca de información sobre los contratos.

En su auto de procesamiento, De la Mata atribuye a los acusados delitos de corrupción en transacciones internacionales, contra la hacienda pública, apropiación indebida, malversación, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito de organización criminal. Además del pago de las dádivas, el juez cree que los empleados de Defex querían enriquecerse ilícitamente con fondos del propio contrato, cargando «brutales sobreprecios».