Bruselas investiga el sistema de ayudas del que se benefició Alcoa

Son más de 1.000 millones de euros los que la multinacional estadounidense del aluminio Alcoa se pudo embolsar en la última década a costa de las subastas de interrumpibilidad en España, según cálculos del sector. Estos «subsidios energéticos» que recibió la empresa podrían ser «ayudas de Estado ilegales», de acuerdo a las normas comunitarias.

Según ha podido saber este periódico, Bruselas está pasando la lupa al mecanismo utilizado por Alcoa para garantizar la continuidad de sus plantas de A Coruña y Avilés. Fuentes del Gobierno español admiten que mantienen desde hace tiempo conversaciones con las autoridades europeas en torno a la adecuación de los mecanismos de capacidad que se utilizan en España para garantizar el suministro de energía. La Comisión Europea quiere clarificar concretamente si el actual sistema de subastas es compatible con la legislación sobre ayudas de Estado.

Bruselas ya lo puso en duda en un informe del 2016, en el que aseguraba que «existe un riesgo de que este tipo de esquemas de interrumpibilidad no sean competitivos y se recompense de más a las industrias». A raíz de una investigación sectorial iniciada en el 2015, sus expertos concluyeron que España sigue pagando demasiado por la disponibilidad de capacidad en lugar de buscar vías alternativas a través de las reformas del mercado energético, lo cual extiende la sombra de la sospecha en torno a la posibilidad de que las ayudas sean, en realidad, «subsidios indirectos». Y para ello ponen un ejemplo: «En España, la primera subasta para 2.000 megavatios de carga interrumpible en el 2015 fue seguida de una extraordinaria de una carga adicional de 1.020, a pesar de que el servicio no fue usado previamente», sostienen.

Por el momento, la Comisión Europea sigue examinando la información provista por el Gobierno central. En las próximas semanas mantendrán reuniones técnicas para seguir profundizando en la investigación. Si a los expertos comunitarios no les convencen las explicaciones, podrían enviar una «petición formal» a España, paso previo a la apertura de un expediente sancionador.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica quieren evitar a toda costa rebasar esa línea. «Habrá que llegar a un acuerdo con Bruselas [...]. Lo que no hará este Gobierno es no atender a sus obligaciones comunitarias», sostienen. Los abogados del Estado se aferran al argumento de que las ayudas a la interrumpibilidad son «necesarias para el sistema» y su seguridad, algo que Bruselas cuestiona después de una década perdida en la que se pudieron haber mejorado las interconexiones y desarrollado otras fuentes de alimentación energética.

Reforma del mercado eléctrico

¿Descarta el Ejecutivo de Sánchez eliminar esos subsidios? No. «No descartamos nada», aseguran antes de puntualizar que tienen intención de emprender una reforma del mercado eléctrico, su ámbito fiscal y el de almacenamiento de energía.

Todavía es pronto para saber si Bruselas reclamará la recuperación de las ayudas millonarias concedidas a empresas como Alcoa por los servicios de interrumpibilidad. La Comisión Europea quiere avanzar paso a paso para ratificar sus sospechas, consciente de que esa posibilidad existe.

El Gobierno español no quiere verse en esas y confía en no tener que reclamar los incentivos de vuelta si Bruselas abre un procedimiento de infracción. No tanto por proteger a Alcoa como por blindar el sistema de subastas, del que se alimentan también otras competidoras que sí mantienen abiertas sus fábricas en el país. «No estamos en ese escenario. Hay disposición de trabajar y de que las cosas estén adecuadas, pero con la premisa de que no son ayudas de Estado. La interrupción es real, se tiene que hacer en muchas ocasiones para garantizar el suministro. Es una herramienta utilizada ampliamente» defienden en Madrid.

Fontenla dice que hay al menos dos candidatos a comprar las plantas amenazadas

La próxima semana será vital para desentrañar el futuro de los 686 trabajadores de las plantas de A Coruña y Avilés, que Alcoa quiere cerrar antes de que acabe este año. El jueves se celebrará la cumbre de las ministras de Industria, Reyes Maroto, y Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y Asturias, Javier Fernández. Maroto quizá desvele algo más de sus contactos con posibles compradores para las fábricas. La venta garantizaría la continuidad de la actividad y del empleo. Alcoa, hasta el momento, se mantiene inflexible en sus planes.

El presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, aseguró ayer que tiene conocimiento de que hay al menos dos empresas del sector del aluminio interesadas en adquirir las plantas. Pero no quiso dar más pistas, ni decir si son españolas, gallegas o brasileñas. Tampoco si esas candidatas ya tenían fábricas en España, aunque sí en Europa, aseguró.

Además de la gran cita del jueves, la dirección de la multinacional en España ha convocado reunión el martes para empezar a hablar con los sindicatos sobre las condiciones del despido colectivo que está empeñada en aplicar. Anteayer, la primera convocatoria acabó con un plantón sindical, aunque la empresa da por iniciada la cuenta atrás de los treinta días como mucho que puede durar el período de consultas para aplicar el expediente. No es así para los comités porque estuvieron ausentes y, además, han denunciado el procedimiento iniciado por la empresa por infringir la normativa laboral. Será el Ministerio de Trabajo el que dirima el conflicto.