España sentencia al coche de combustión: ni diésel ni gasolina a la venta en el 2040

¿Diésel o gasolina? La respuesta es ninguno de los dos. Los coches con motor de combustión tienen fecha de caducidad en España. Se la ha puesto el Gobierno, que pretende que por ley (la de Cambio Climático y Transición Energética) a partir del 2040 quede prohibida la matriculación de todo turismo o furgoneta que utilice combustibles fósiles. 

Ya no es que los vehículos de gasoil tengan los días contados, como aseguró en su día la ministra Teresa Ribera. La sentencia de muerte tiene la misma fecha tanto para los gasolina como para los híbridos y los de gas natural. Ningún coche que emita CO2 podrá estar a la venta después del 31 de diciembre del 2039. 

Solo los eléctricos, los movidos por hidrógeno o por cualquier otra tecnología 100 % limpia podrán comercializarse en España, según el documento de trabajo de la futura ley que el Gobierno ha hecho llegar a los partidos políticos y que ayer confirmaron fuentes del ministerio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy la medida, en los pasillos del Congreso de los Diputados, antes de entrar a la sesión de control: «Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático», ha dicho, al tiempo que ha recordado que en Alemania la prohibición empezará diez años antes, según informa Efe.

La transición hacia la completa desaparición de los vehículos con motor de combustión durará 30 años y afectará a 1,5 millones de turismos matriculados en Galicia. En el 2050 no podrá ya circular ninguno. El Gobierno cree que es tiempo suficiente para que la industria y el mercado consigan ajustarse al Acuerdo de París contra el cambio climático, y que compromete a los Estados a reducir un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero ni la industria del automóvil ni la red comercializadora comparten la opinión del Ejecutivo, al que acusan de confundir al consumidor con anuncios, como el impuesto al diésel, que ha desplomado las ventas de este tipo de motorización. «Estas propuestas provocan incertidumbre y que la gente no sepa qué coche comprar ni cuándo», manifestó ayer la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) en un comunicado muy crítico. «El clima negativo que rodea a la automoción en España desde hace meses está ocasionando una caída estructural del mercado», denunció esta patronal, que avanza ya, como consecuencia, que la las matriculaciones de turismos y comerciales caen un 22,4 % en lo que va de noviembre.

Dicen los concesionarios que se pueden encontrar fórmulas que no pasen por la prohibición permanente, sino por una ampliación más rápida de la oferta de vehículos de bajas emisiones, y asequibles para la ciudadanía, «de tal manera que no se pongan en riesgo ni el empleo ni la viabilidad del sector».

¿Y qué dicen los fabricantes? El desacuerdo con la ley en ciernes es también grande en la patronal Anfac. «Los pasos que está adoptando el Gobierno en materia de automoción pueden tener un impacto laboral negativo», afirmó su vicepresidente ejecutivo, Mario Armero.

Los fabricantes ya están obligados a reducir sus emisiones de gases un 35 % para el 2030, objetivo que se acaba de marcar la Unión Europea, y lo harán aumentado la oferta de eléctricos.

Empleos en juego

¿Cuál es el problema? No lo explicó directamente Armero, pero a nadie se le escapa que en España hay fábricas de motores diésel (ninguna en Galicia) abocadas a desaparecer y que, aunque los constructores aumenten la gama de modelos a construir en España, hacer un coche eléctrico requiere menos componentes y menos mano de obra.

En España, de los más de 40 modelos que se producen en estos momentos, solo se fabrican cuatro eléctricos, dos de ellos en PSA Vigo desde el año 2009: el Citroën Berlingo y el Peugeot Partner. Los otros dos son el Renault Twizy y el híbrido Ford Mondeo. La planta gallega tiene cuatro nuevos modelos previstos.

Pero otra gran cuestión de la que nadie habla son los precios de los vehículos eléctricos. Es difícil encontrar modelos que bajen de los 30.000 euros y para renovar el parque haría falta una política de incentivos a la compra generosos que no existe y que además sería difícil de sostener con dinero público. De cara al consumo, de momento lo único que dice el Gobierno es que para facilitar la expansión del vehículo eléctrico todas las gasolineras estarán obligadas a instalar puntos de recarga. Los plazos se establecerán en función de su volumen de ventas.

¿Cómo afectará esta nueva movilidad a las grandes ciudades? Según el documento, los municipios de más de 50.000 habitantes estarán obligados a crear zonas de bajas emisiones donde solo puedan acceder vehículos más ecológicos. Tendrán para ello un plazo máximo de cinco años, hasta el 2023. Eso puede llevar a que haya variedades de vehículos de combustión que sean vetados.

El vehículo eléctrico ha de alimentarse con energías limpias o no serviría de nada. La futura ley fija como objetivo que el sistema eléctrico cuente con un mínimo del 70 % de generación a partir de energías renovables. De entrada, parece un reto difícil tras el parón que han supuesto los seis años del anterior Ejecutivo. La ley prevé que para lograrlo va a ser necesario impulsar la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año a partir del 2020.