El Congreso votará la nueva ley hipotecaria antes de su disolución

Son muchas las iniciativas planteadas por el Gobierno en estos ocho meses que quedarán guardadas en el cajón hasta después del 28 de abril. Y es que la convocatoria electoral obligará a disolver las Cortes en apenas quince días, antes del 5 de marzo, paralizando la tramitación de los proyectos de ley que daban sus primeros pasos en el Congreso, como los de los nuevos impuestos a los servicios digitales y financieros (bautizados popularmente como tasa Google y tasa Tobin, respectivamente).

No ocurre lo mismo con la nueva ley hipotecaria, que si no hay sorpresas de última hora será aprobada en su redacción definitiva este próximo jueves. Ese día está previsto que el pleno del Congreso debata y vote las enmiendas aprobadas en el Senado sobre el texto remitido a finales del año pasado por la Cámara Baja. Entre ellas, algunas de calado, como la propuesta del PP de eliminar para algunos contribuyentes el impuesto de actos jurídicos documentados, que después de todo el revolcón judicial en el Supremo, el Gobierno había decidido cargar a los bancos, a través de un decreto ley que fue convalidado en el Congreso a finales de noviembre. Apenas dos meses después, los senadores populares plantearon en la Cámara Alta la eliminación del tributo en aquellos casos en los que el préstamo financie la compra de una primera vivienda, algo sobre lo que ahora deberán pronunciarse de forma definitiva los diputados.

Otra de las cosas que se revisarán es el intento del PP de elevar las comisiones máximas que tendrán que abonar los clientes que opten por amortizar anticipadamente su hipoteca a tipo fijo, que se duplicaron durante el trámite en el Senado, donde los populares tienen mayoría. En concreto, si la amortización se produce en los diez primeros años de vida de la hipoteca, la compensación al banco podría alcanzar el 4 % de la cuantía que resta por liquidar del préstamo, mientras que si se produce a partir de ese umbral el tope se rebaja al 3 % (duplicando los límites del 2 y del 1,5 % fijados en el Congreso).

Pendientes de Luxemburgo

Pero, con independencia de los cambios que se puedan aprobar en el texto, aprobar la ley antes de que acabara la legislatura era una urgencia para España, que acumula casi tres años de retraso en la trasposición de la normativa europea sobre hipotecas, cuyo plazo expiró en marzo del 2016. Aunque en un principio la Comisión Europea se había mostrado comprensiva y concedió un período de gracia por la repetición de las últimas elecciones generales, la paciencia se le acabó y terminó denunciando a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, al que pidió que impusiera una multa de 105.991,6 euros por cada jornada de retraso. El contador se parará el jueves (si es que hay fumata blanca) en los 113 millones y luego la última palabra la tendrán los jueces de Luxemburgo.