Dos de cada tres euros de la recaudación extra del 2020 vendrán de la subida de impuestos

El punto de partida de la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, quien presumiblemente será reelegido para un mandato de cuatro años ya avanzado junio, es que en España los ingresos públicos tienen un peso sobre el producto interior bruto (PIB) «relativamente bajo» en comparación con la media de la UE o de los países de la zona euro. «De ahí -apunta- que el abordaje de la reducción del actual déficit público (cerró el 2018 en el 2,47 % del PIB) deba incluir medidas que aumenten» la recaudación tributaria bajo los parámetros de la «progresividad, eficacia y suficiencia».

Así lo expone en la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022, remitida el martes a Bruselas, donde retrasa al 2020 la aplicación de la subida de impuestos que ya había pactado con Unidas Podemos en su fallido proyecto presupuestario para este 2019. Da a entender así que no habrá nuevas cuentas para este año, aunque advierte de que «el escenario tributario sí se ve afectado por una serie de medidas» ya adoptadas.

Medidas ya adoptadas

Entre ellas, cita la rebaja hasta 14.000 euros del mínimo exento en el impuesto de la renta (IRPF), la mejora de la deducción por inversiones en empresas nuevas, la rebaja del IVA al sector del cine, la exención fiscal para las prestaciones por maternidad y paternidad o el cargo a la banca del impuesto hipotecario. «No habrá nuevas medidas tributarias», expone el Gobierno, y tampoco las ve necesarias para reducir el déficit público al 2 %, aunque a la vez añade que «sin perjuicio de las decisiones presupuestarias que pueda adoptar el nuevo Gobierno para el año en curso».

No obstante, esta mención parece más una salvaguarda ante lo que deparen los acuerdos necesarios para la investidura de Sánchez que una intención concreta de hacer cambios este año. Estos llegarán seguro el próximo, aunque, «dada la actual situación política», el Ejecutivo los limita a los que ya había planteado a principios de año, incluidos los dos nuevos tributos sobre las transacciones financieras (gravará con un 0,2 % las compras de acciones españolas por operadores financieros si la capitalización de la compañía supera los 1.000 millones) y los negocios digitales (con un tipo del 3 % sobre los ingresos por publicidad, servicios de intermediación y venta de datos, siempre que la empresa facture más de 750 millones anuales e ingrese al menos tres millones por esas actividades).

El impacto recaudatorio de esa docena de actuaciones acordadas en enero entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias asciende a 5.654 millones, de los que más de un tercio (el 36 %) corresponderá a esos dos tributos. Otros 1.776 millones vendrán de la limitación de las exenciones en el impuesto de sociedades y la fijación de un tipo mínimo del 15 %, 328 millones más por la subida del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros anuales, 670 millones por la fiscalidad verde (gasoil) y 500 millones mediante medidas de lucha contra el fraude.

En total, este impuestazo ya esperado supondrá dos de cada tres euros (el 66,9 %) del aumento de ingresos públicos para el 2020 que el Ejecutivo ha prometido a Bruselas en su plan. Estos pasarán de suponer el 39,1 % del PIB este año al 39,8 % el próximo, lo que representará 8.448 millones más considerando las cifras actuales de la riqueza nacional.

Los viernes sociales

La tercera parte de ese incremento de la recaudación llegará, fundamentalmente, por dos vías. De un lado, mayores cotizaciones sociales (pasarán a representar el 12,8 % del PIB) por los decretos aprobados por el Consejo de Ministros de noviembre a abril, incluidos los llamados viernes sociales: desde la subida del salario mínimo a la actualización de las pensiones, pasando por la nueva prestación para desempleados mayores de 52 años.

Su impacto en el gasto se eleva a 3.775 millones (806 millones solo por las medidas de 2019), aunque a la vez incrementarán las aportaciones a la Seguridad Social en 1.665 millones (un 6,5 % más este año). En el 2020 ese aumento se moderará a 1.206 millones, si bien contará con una mejora anual de otros 500 millones por la reorganización de los incentivos a la contratación.