La luz más barata tiene pocos fans

Menos ya no se puede pagar. Todos los expertos, Ministerio para la Transición Ecológica incluido, coinciden en que lo más ventajoso para moverse en el proceloso mundo de la electricidad es cobijarse en un contrato de suministro con discriminación horaria y en el mercado regulado, en el que es el Gobierno el que le impone las normas a las compañías.

El ahorro es tal -70 euros menos de media al año, según cálculos de la OCU, pero cada hogar es un mundo- que el propio Ejecutivo ha incluido ese tipo de contratos en las últimas medidas urgentes para la protección del consumidor aprobadas en octubre pasado. Según ese acuerdo, con forma de real decreto ley, las comercializadoras que operan en el mercado regulado -son solo ocho las autorizadas para ello- deben incluir en la factura de cada cliente el dinero que hubieran pagado con la discriminación horaria (casi siempre, menos), para ver si así aumentaban los adeptos. Porque el desconocimiento es uno de los principales problemas de los clientes, la mayoría de los cuales ni saben siquiera qué tipo de contrato tienen, ni en qué mercado están y menos si tienen discriminación horaria.

De momento, las compañías no están incluyendo esa información en los recibos. Fuentes de Naturgy, la principal comercializadora en Galicia, con unos 1,5 millones de contratos, explicaron que lo harán próximamente, ya que el real decreto ley no marca un plazo.

De acuerdo con los últimos datos oficiales que maneja la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a diciembre pasado, en España hay 26,5 millones de contratos de suministro eléctricos. De ellos, once millones están en el mercado regulado o en el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), en su denominación oficial. Y, dentro de estos, casi 800.000 disfrutan de la discriminación horaria, o sea, poco más del 7 %.

El mercado libre es otra historia, aunque esta tarifa más ventajosa sigue siendo minoritaria también en él. Así, de los 15,5 millones de abonados en ese negocio -que funciona sin la supervisión del Gobierno y que se rige por los acuerdos entre cliente y empresa-, 5,5 millones tienen ese tipo de contrato que quiere fomentar el ministerio. Suponen el 35 %.

Sumando ambos mercados, resulta que el 24 % del total de suministros (6,3 millones sobre 26,5) recurren a esa tarifa para ahorrar en la factura.

Cambiar hábitos de consumo

Pero, ¿cómo se ahorra? Simple. Consumiendo en las horas más baratas del día, las denominadas valle. En invierno van desde las diez de la noche a las doce del mediodía de la jornada siguiente. Y, en verano, de 23 a 13 horas.

Claro, para aprovechar bien este tipo de tarifa hay que reajustar los hábitos de consumo y evitar las horas punta, que son caras. Si uno se despista, la tarifa deja de ser ventajosa. Según la OCU, para ahorrar solo es necesario que el 30 % del gasto se realice en horario valle.

De este modo, es aconsejable concentrar en las horas más baratas consumos extraordinarios de la rutina diaria como poner la lavadora o el lavavajillas.

Para cambiar de tarifa solo hay que solicitarlo a la compañía comercializadora, que es la que expide la factura mensual. El cambio, recuerda la OCU, cuesta 9,04 euros en concepto de derechos de enganche. Y es reversible, es decir, se puede cambiar de idea y volver al modelo original.

Los nuevos contadores digitales, que ya deben estar instalados en todos los puntos de suministro desde diciembre pasado, registran el consumo hora a hora, de ahí que sea más fácil ajustar los hábitos a la modalidad más ventajosa.

Más información en el recibo

Aquel real decreto con medidas urgentes para la protección del consumidor también obliga a las comercializadoras a informar a cada cliente de las distintas modalidades de contratación. Además, detallarán en sus facturas las referencias a las páginas web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia donde se encuentre el listado de todas empresas comercializadoras, tanto de mercado regulado como libre, indicando sus teléfonos gratuitos y páginas web. Toda esta nueva información deberá aparecer con el mismo tamaño de letra y la misma relevancia que la de las partes principales de la factura.

La pequeña comercializadora Podo asumirá los suplementos territoriales 

La comercializadora de electricidad Podo, con 1.500 clientes en Galicia, según sus propios datos, anunció ayer que asumirá los suplementos territoriales y no los repercutirán en las facturas. «No estamos cómodos con la idea de elevar la factura de la luz de nuestros clientes por un impuesto que es difícil de comprender desde su gestación y consideraríamos poco coherente el cobrárselo», explicó Jorge Capilla, director general de Podo, mediante una nota de prensa.

Los suplementos territoriales son una refacturación que se aplicará a todos los consumidores de la mayor parte de las comunidades, Galicia, entre ellas, para cubrir con efecto retroactivo los impuestos autonómicos que gravaron la actividad eléctrica durante el año 2013.

Los gallegos serán los que más dinero tendrán que pagar a las compañías, 37 millones en total, por el cobro de hasta cuatro impuestos gravámenes: canon de saneamiento, hidráulico, eólico y ecotasa.

Durante ese 2013, estuvo en vigor un capítulo de la ley del sector eléctrico que obligaba a cada comunidad a asumir el posible sobrecoste para las empresas derivado del pago de esas tasas. No se ejecutó en su momento, pero sí hay que hacerlo ahora por orden del Tribunal Supremo.

La Consellería de Industria recurrirá la orden que hace oficiales los suplementos territoriales, argumentando que esos impuestos no son eléctricos, sino medioambientales, y que no repercuten en el coste de generación.