Fuego cruzado por el salario mínimo
Economía
Los sindicatos, que denuncian malas artes de las empresas para no aplicar la subida, defienden que hay margen para elevarlo otro 29 %; la patronal reclama «diálogo social»
05 Jun 2019. Actualizado a las 21:01 h.
Cuando el debate sobre la subida del salario mínimo estaba adormecido, enterrado bajo las buenas cifras de afiliación de los últimos meses, las palabras de la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, que el lunes exigió al Banco de España que rectificase sus malos augurios sobre los efectos de la medida, han vuelto a reavivar la polémica.
Al costado del Gobierno se han posicionado, como era de esperar, los sindicatos. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, presentó este miércoles un informe en el que la central defiende que la subida del SMI en un 22 %, que entró en vigor en enero, no solo no destruirá empleo (125.000 calculaba el supervisor) sino que podría estimular la contratación. Argumentan que el elevado impacto en la nómina (hasta 191 euros adicionales al mes, en los sueldos más modestos), multiplicado por los más de 1,2 millones de potenciales beneficiarios, elevará la masa salarial en cerca de 2.000 millones de euros (1.959, en concreto). De esa cuantía hay que descontar los 521 millones que se llevará la Seguridad Social por las cotizaciones. Pero los otros 1.438 los ingresarán las familias, y los autores del estudio esperan que se destinen casi íntegramente al consumo, ya que los trabajadores con salarios más bajos tienen escaso margen de ahorro.
Esa inyección en la economía contribuirá a crear, según los cálculos del sindicato, unos 124.000 puestos de trabajo adicionales (casi los mismos que estimaba el Banco de España que se iban a perder). Para apuntalar su tesis, el informe emplea datos sobre los niveles de permanencia en el mercado laboral de los colectivos beneficiarios de la subida del SMI en el primer trimestre del 2019, y los compara con los de los años anteriores. Así, concluye que el 86,8 % de los asalariados con estudios primarios o inferiores se mantiene en su puesto, el mismo promedio registrado en los cuatro ejercicios previos, lo mismo que ocurre con el 81 % de los trabajadores con un año o menos de antigüedad, tasa que incluso sube. Por ello, defienden que aún hay margen para elevar hasta un 29 % el sueldo mínimo (argumenta que la productividad española equivale a un 97 % de la media europea, mientras el SMI solo está en el 75 %).
El problema, denunció Sordo, es que la subida no está llegando a todos los trabajadores que deberían beneficiarse de ella. Hay, asegura, «cientos de miles» que no han visto incrementada su nómina (o no en toda la cuantía a la que obliga la ley) porque sus empresas están intentando absorber la subida dentro de pluses que ya venían percibiendo y que, por ser causales (vinculados al puesto concreto del trabajador) se deben pagar siempre a mayores y no se pueden computar para amortiguar esta alza. Traducido, los 900 euros mensuales deben corresponder a la suma de salario base, pagas extras y pluses no causales, es decir, aquellos que percibe toda la plantilla sin estar supeditados a causa alguna. Los otros complementos, como los de noche o antigüedad, van aparte. Por ello, puede haber trabajadores que ahora cobren más de 1.000 o 1.200 euros al mes que tengan que ver incrementada su nómina por el alza del salario mínimo.
67.000 beneficiarios en Galicia
En el caso de Galicia, Comisiones calcula que la subida del SMI debería beneficiar a un 7 % de los asalariados de la comunidad (justo la misma proporción que la media de toda España): unos 67.000. Según la radiografía que hace el estudio, la medida beneficia más a las mujeres, los jóvenes, los trabajadores con menor nivel formativo y a los empleados del sector primario y los servicios, como se puede comprobar en el gráfico que acompaña esta información.
Frente a la ofensiva sindical (a la que se sumó el líder de UGT, Pepe Álvarez, que cargó contra el Banco de España por «intentar reventar la subida de los salarios»), el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera, como el supervisor, que todavía es prematuro concluir que la medida no ha tenido efectos negativos (los microdatos que se precisan para hacer un estudio serio sobre el mercado laboral no permitirán hacer un análisis definitivo hasta el 2020 o 2021), y argumentó que la creación de empleo en estos meses podría haber sido más intensa de lo que ha sido sin esa barrera. El jefe de la patronal reclamó que se vuelva al «diálogo social», en el que ya se había pactado un sueldo mínimo en convenio de mil euros para el año que viene.