El fondo suizo Parter Capital solo asegura dos años de actividad en Alcoa

Dieciséis días, 384 horas. Es el tiempo que queda para firmar la venta de las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés y salvar así a todos sus trabajadores (casi 700). La multinacional tiene sobre la mesa dos ofertas vinculantes, pero, en principio, solo una de ellas, la firmada por el fondo suizo Parter Capital, incluye la adquisición de las dos plantas juntas. La otra, de Quantum, solo habla de Avilés. Por tanto, la gallega tiene un posible rescatador, de momento.

Representantes de los trabajadores tienen previsto reunirse hoy en Madrid con los dos inversores potenciales. Acudirá incluso el presidente del comité de Avilés, José Manuel de la Uz, que abandonará por unas horas la marcha a pie que emprendió ayer la plantilla asturiana hacia Madrid, a donde llegarán el día 24. La denominan la marcha del aluminio y la organizan en demanda de una solución para las fábricas. En ella no participan los gallegos. Ambos comités van por libre en las últimas semanas.

Fuentes de Alcoa explicaron que están en plenas negociaciones con la intención de conseguir firmar la venta el día 30 a más tardar. Aunque evitaron detallar cuánto dinero están pidiendo por las plantas, las mismas fuentes subrayaron que la empresa no obtendrá beneficio económico con la operación. Es decir, que gastará más de lo que ingresará. Entre otros capítulos, si vende las fábricas, la compañía se ha comprometido a invertir 20 millones en cada una de ellas para arrancar las series de electrolisis, para que el nuevo dueño retome la fabricación de aluminio.

A diferencia de Quantum, Parter incluye reavivar esa actividad a partir del 2020 y a asumir el 100 % del personal, pero solo garantiza su actividad durante 24 meses, o sea, dos años, según distintas fuentes consultadas. El comité de empresa de A Coruña detalló el contenido de la oferta en una asamblea de trabajadores reciente.

Sin embargo, el fondo suizo condiciona el rearranque de las electrolisis al precio eléctrico. Más bien, a que se garantice una tarifa energética que haga viables las fábricas.

De momento, ese escenario no existe y ni siquiera hay fecha para ello. Aquí interviene el Gobierno central, que se comprometió a elaborar un marco retributivo estable y competitivo para las industrias que, como Alcoa, tienen un elevado consumo eléctrico. Fuentes del Ministerio de Industria explicaron ayer que están redactando un nuevo estatuto del consumidor electrointensivo, en contacto con las autoridades comunitarias, para evitar que la Comisión Europea tumbe las medidas.

Pero, aunque ese documento estuviese listo y aceptado por Bruselas, no serviría de nada, porque un Gobierno en funciones no puede aprobarlo, reconocieron desde Industria.

Salvo sorpresa mayúscula, el nuevo Ejecutivo no quedará constituido al menos hasta julio -si es que al final Pedro Sánchez consigue apoyos suficientes para su investidura, lo cual, no está garantizado-, así que las nuevas medidas para abaratar la tarifa eléctrica no llegarán este mes, a tiempo para la venta. De este modo, el nuevo dueño de las fábricas, si lo hay, tendrá que hacer una compra a ciegas.

Esto se suma a que las plantas no contarán tampoco este año con los incentivos que solían recibir en las subastas de interrumpibilidad.