La gran industria dispone este año de un 40 % menos de incentivos eléctricos

El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de adjudicar 95 millones de euros en incentivos eléctricos para el segundo semestre del año entre 123 grandes consumidores de energía, según datos oficiales facilitados por Red Eléctrica de España (REE), organizadora de la subasta de interrumpibilidad. A cambio de ese apoyo económico para reducir su factura de la luz, los beneficiarios prestan un servicio al sistema: el de reducir consumo, bien para garantizar el suministro, bien para enfriar los precios de mercado.

El reparto del dinero por empresas es alto secreto, pero entre los participantes están Alcoa, que esta vez solo pujó por la fábrica de aluminio primario de San Cibrao (Cervo). La multinacional avisó hace meses de que esa planta estaba en peligro porque los incentivos no eran ya suficientes. Fuentes de la compañía informaron este jueves de que «la subasta ha proporcionado [...] servicios de interrumpibilidad de un valor inferior a los obtenidos en la anterior, que ya había sido significativamente inferior a lo obtenido en las subastas anteriores». Añadieron que «la sucesiva importante reducción en el valor de estos servicios daña cada vez más la competitividad en costes de electricidad que necesita la industria de aluminio primario y de la que carece España en la actualidad. Si no se adoptan medidas urgentes que reviertan la situación, la producción de aluminio primario en España es inviable. Esperamos que el Gobierno ponga pronto en marcha las medidas anunciadas para que la industria cuente con costes de energía competitivos».

Fondos asignados en las subastas de interrumpibilidad

• 2013: 682 millones de euros
• 2014: 550 millones
• 2015: 508 millones
• 2016: 503 millones
• 2017: 525 millones
• 2018: 316 millones
• 2019: 196 millones

Beneficiarios de la subasta son también Ferroatlántica, que consiguió incentivos suficientes para garantizar el pleno funcionamiento de sus fábricas gallegas; Megasa o Celsa.

Los incentivos a cambio de prestar el servicio de interrumpibilidad están menguando en los últimos años. Así, el total repartido para todo este año -las subastas se convocan últimamente cada seis meses- suma 196,15 millones, la cifra más baja desde que el Gobierno del PP implantó este mecanismo, en el 2013, y casi un 40 % inferior a la del 2018, 316 millones.

Entre otras razones, el Ejecutivo está recortando fondos por la investigación abierta por la Comisión Europea por si se tratan de ayudas de Estado.