Carlos del Pino: «En materia fiscal hay una inseguridad jurídica brutal, se legisla para recaudar»

Carlos del Pino, delegado territorial de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Galicia, es contundente al cargar contra una legislación tributaria, que -sostiene- ha ido sacrificando los derechos de los contribuyentes con el objetivo de incrementar los ingresos a cualquier precio. «Es imposible hacerlo peor», subraya. El goteo de sentencias que tumban las pretensiones de los sucesivos Gobiernos en el ámbito recaudatorio así lo confirma. Para analizar en profundidad las novedades en la jurisprudencia tributaria, la Aedaf celebra hoy en A Coruña, en la sede de la Fundación Paideia, una jornada que contará con dos magistrados del Supremo: Francisco José Navarro Sanchís y Jesús Cudero Blas. Este último fue el ponente de la sentencia de octubre que impuso al banco el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas.

-La prestación por maternidad, la polémica sobre los gastos de las hipotecas, la nulidad de las costas creadas por Montoro para pleitear contra Hacienda... La lista de sentencias del Supremo contra la Administración no deja de crecer. ¿Qué está ocurriendo?

-Pues que cuando se reforma la legislación con el único objetivo de conseguir recaudación por la vía rápida, normalmente la norma se hace mal. Y la ciudadanía se cansa, recurre a los tribunales, estos acaban declarando contrarias a derecho las normas y dándoles la razón. Tenemos una Ley General Tributaria del 2003 a la que todos los años se le introducen cambios y más cambios.

-En un fallo reciente, el tribunal criticaba con dureza la inseguridad jurídica como un mal extendido en el ámbito tributario. ¿Cuál es su alcance? ¿Los contribuyentes están desprotegidos?

-Yo hace tiempo que vengo diciendo que es imposible hacerlo peor. Hay una inseguridad jurídica brutal que perjudica tanto a la Administración como al contribuyente. Desde la época de Montoro se trata de recaudar, pase lo que pase y pese a quien pese. Como todo acto administrativo de la Agencia Tributaria es ejecutivo, hay obligación de pagar y luego ya se verá si es o no ajustado a derecho. Hay un aparato político enorme que sostener y se aprieta a los contribuyentes para ello, aunque sea a costa de sus derechos.

«Hay un aparato político enorme que sostener y se aprieta a los contribuyentes para lograrlo»

-¿Y hay solución?

-Habría que pensar una política legislativa tributaria a medio-largo plazo. Pero para eso es precisa una estabilidad política que no hay, y trabajar con un horizonte que trascienda los cuatro años de legislatura.

-¿Ha tenido algo que ver la crisis con esa voracidad recaudatoria que refleja la mayor litigiosidad?

 -La ha agudizado. Pero hay ejemplos anteriores, como el del céntimo sanitario. Un año antes de aprobarse el impuesto ya se sabía que no se ajustaba al derecho comunitario, por el precedente de otro país, pero en España se aplicó del 2002 al 2012 y se recaudaron unos 13.000 millones de euros. La Administración no va a devolver ni un 10 % de lo que se llevó de forma ilegal. Y cuando lo derogaron, lo incluyeron en el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, vulnerando otra directiva. No es un caso aislado. Otro ejemplo es el impuesto que dio un golpe a las renovables para cuadrar las cuentas públicas. De nuevo tendrá que pronunciarse el TJUE.

«Un año antes de aprobar el céntimo sanitario ya se sabía que no se ajustaba al derecho europeo»

-¿Qué abordarán en la jornada?

-Primero, una ponencia sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria. Se analizará el antes y el después del cambio de la norma, que trató de cubrir la negligencia del poder legislativo. Se verán los asuntos que acabarán motivando más recursos, como pasó con el céntimo sanitario: el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero y la plusvalía municipal. Luego los magistrados abordarán las sentencias novedosas en materia fiscal.