En ocho de cada diez concellos gallegos la pensión media no llega al salario mínimo

Apenas una treintena de ayuntamientos gallegos, el equivalente al 10 % del total, tienen una pensión media que alcanza o supera los mil euros. Y de ellos, la inmensa mayoría se ubican en la franja atlántica, en las áreas más pobladas y dinámicas de las provincias de A Coruña y Pontevedra. La presencia de concellos de Lugo y de Ourense en ese grupo es testimonial, salvo contadas excepciones que obedecen al peso de alguna rama industrial, como es el caso del aluminio en Cervo, la pizarra en Valdeorras o la minería en As Pontes, con pensiones muy altas, tal y como sucede en Gijón. El citado ayuntamiento coruñés encabeza el ránking, con 1.400,52 euros, más del doble del último, Avión (Ourense), el municipio de los Vázquez Raña y de las fiestas estivales de los multimillonarios, que cierra la lista como el que recibe las pensiones más pobres: 596,7 euros mensuales de media. La radiografía de las prestaciones a nivel municipal vuelve a presentar la conocida Galicia de dos velocidades y da cuenta de una brecha que, cada año que pasa, es cada vez más grande.

La población de la comunidad gallega apenas representa el 6 % del total del Estado, pero en cambio concentra al 8 % de los pensionistas, al ser un territorio muy envejecido. Su baja cuantía media se explica por el elevado peso que tienen las pensiones del régimen especial agrario, más reducidas aún que las de los autónomos. Esto hace que, a día de hoy, en ocho de cada diez ayuntamientos gallegos la prestación media se halle por debajo del actual salario mínimo, situado en 900 euros.

Las ayudas

Galicia es la quinta comunidad autónoma que más se beneficia del complemento de pensiones, ayuda que se destina cuando a suplementar aquellas prestaciones inferiores a la pensión mínima. Por delante están Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, áreas todas ellas en las que tiene un especial peso el sector agrario. «Este es un dato que debería hacernos reflexionar a todos sobre lo delicada que es la situación en muchas zonas», explica Alberto Vaquero, miembro del Foro Económico de Galicia (FEG) y profesor de la Universidade de Vigo. Los municipios gallegos que encabezan el ránking se singularizan por tener o haber tenido un elevado peso industrial. Endesa en As Pontes o Alcoa en Cervo no son los únicos casos. También están Fene, el segundo con la pensión media más alta de Galicia (1.256,86), y Ferrol, una ciudad económicamente menos dinámica que A Coruña o Vigo y que, en cambio, es el municipio de las siete grandes áreas con la prestación media más alta (1.183,4). En ambos concellos se ve la huella de la época de esplendor de Astano y de Bazán, los dos grandes bastiones del naval gallego. Por ciudades con la pensión media más alta, a Ferrol le siguen A Coruña y Vigo, con 1.133 y 1.121,6, respectivamente. Después están Santiago, con un importante peso de los servicios públicos (1.079,23), y Pontevedra (1.064,8). Cierran las ciudades de Lugo y Ourense, por debajo de los mil euros: 999,06 la primera y 955,3 la segunda.

Especialmente llamativo es el caso de la provincia ourensana, que concentra los ayuntamientos con las prestaciones más bajas. 

Ourense, la peor

De los últimos 20 municipios que cierran el ránking gallego, la mitad pertenecen a esa circunscripción. Para una buena parte del territorio gallego, las fotos de las prestaciones revelan un horizonte muy poco alentador. «Las pensiones agrarias, tan presentes, son sociales, no van en función de los ingresos; son las que más están desapareciendo, por razones de envejecimiento poblacional, pero esto está deteriorando todavía más la debilitada economía de muchas zonas; desaparecen rentas y, en consecuencia, el movimiento económico en esas áreas», explica Andrés Precedo Ledo, catedrático de Geografía Humana.

Los mayores desconocen cuánto subirá su prestación en el 2020 

l. p.

Faltan menos de cuatro meses y los pensionistas no saben cuánto cobrarán en enero. El temor a sufrir de nuevo una cuasi congelación está en el horizonte. Si la subida del 0,25 % se creía ya superada una vez que todos los partidos políticos aceptaron volver a una revalorización en función del IPC real -como suscribieron en el Pacto de Toledo, aunque finalmente el acuerdo saltó por los aires y no llegó a ver la luz-, ahora, con un Gobierno en funciones y sin muchas probabilidades de que la situación cambie a corto plazo, la posibilidad de perder poder adquisitivo está ahí.

El Ejecutivo quiere «evitar» esto a toda costa y, pese a que su versión oficial es que no prevé otro escenario de elecciones y confía en poder constituirse formalmente, llegado el caso, estudia plantearse «otras alternativas», puesto que para los socialistas la «peor solución» es que los jubilados comiencen enero con una pérdida de poder adquisitivo, según explicaron fuentes de la Moncloa.

Pero en teoría, y salvo que haya alguna medida en contra, los más de 8,8 millones de pensionistas están abocados a que sus prestaciones suban en enero apenas 2,5 euros de media, con lo que estarían perdiendo casi un punto de poder de compra, si se tiene en cuenta que la previsión del Gobierno es que el 2019 termine con una inflación del 1,2 %. Así lo establece la ley, puesto que para el próximo año volvería a estar vigente la reforma de las pensiones del 2013 aprobada por el Gobierno de Rajoy, que introdujo un nuevo índice mediante el cual condenaba a los mayores a una subida del 0,25 % mientras el sistema esté en números rojos. Durante los dos primeros años de aplicación la inflación fue negativa y no hubo pérdida de poder adquisitivo, pero en el 2017 los jubilados vieron cómo bajaba un 1,75 % su poder de compra. Esto generó un escenario de movilizaciones sin precedentes.