Francia quiso acabar con Airbnb y no lo logró

La guillotina tiene mucho que ver con Francia, que todavía quiere pasar por ella a ciertos actores económicos que le resultan molestos. Trata de proteger a su mercado y pone a la competencia externa todos los impedimentos que estén a su alcance. Como ejemplo, el enfrentamiento que tuvo con Airbnb, a cuyos responsables estaba dispuesta a enviar a la cárcel (podía caerles hasta tres años) y cerrarles la actividad en territorio francés porque no tenían la tarjeta para operar en el mercado inmobiliario galo. Fue una lucha de David contra Goliat, y en esta ocasión ganó David (aunque de un tamaño considerable), que consiguió una sentencia a su favor emitida el pasado día 9 de diciembre por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ella se dicta: Airbnb no es una inmobiliaria, sino una compañía tecnológica que presta servicios dentro de la «sociedad de la información» cuya libertad de circulación tiene que estar garantizada. Este es el final de un enfrentamiento que comenzó con un procedimiento penal incoado en Francia a partir de una denuncia de la Asociación para la Defensa del Alojamiento y el Turismo Profesionales contra Airbnb Irland (con domicilio social en Dublín, y que forma parte de un grupo con sede en EE. UU.) porque no tenía la tarjeta profesional para operar en el sector inmobiliario francés, en el que, según los denunciantes, influye directamente tanto en precios como a través de los servicios que adicionales característicos de la actividad de intermediación (fotografía del inmueble que se arrienda, un sistema de evaluación de arrendadores y arrendatarios, etcétera). Pero la Gran Sala negó la mayor. En su fallo subraya que Airbnb Irland ofrece una plataforma electrónica que, a cambio de una comisión, pone en contacto a anfitriones, profesionales y particulares. Y añade que la sociedad Airbnb Payments UK, con domicilio en Londres, presta servicios de pago en línea relacionados con esa puesta en contacto, y que Airbnb Francia presta servicios para la irlandesa y se encarga de la promoción de dicha plataforma en el mercado francés, organizando campañas publicitarias dirigidas a un público determinado. Y tras esa explicación advierte que «el llamado servicio de la sociedad de la información comprende todo aquel prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de ese servicio». Llama la atención también el tribunal sobre el hecho de que la plataforma ofrece una lista estructurada de los alojamientos disponibles en la plataforma electrónica y también herramientas para la búsqueda, localización y comparación de ofertas, lo que constituye el principal rasgo de la plataforma electrónica gestionada desde Irlanda por la multinacional. El juez argumenta seguidamente que «el servicio prestado por Airbnb, en modo alguno resulta indispensable para llevar a cabo el alquiler de un alojamiento, ni desde el punto de vista de los arrendadores ni de los arrendatarios, ya que existen otros muchos cauces, como las agencias inmobiliarias, anuncios clasificados en papel o en formato electrónico o incluso en los sitios web de alquiler de inmuebles». El servicio, según el tribunal, es innovador y está basado en las particularidades de una actividad comercial de la sociedad de la información. Además, explica, de la documentación facilitada, el TJUE no puede resolver que la operadora determina o limita el importe del alquiler solicitado, como ocurrió en el caso judicializado en el sector de los taxis.

La sentencia, que es larga y compleja, explica por último que Francia no le comunicó a tiempo a Airbnb las restricciones de la llamada Ley Hoguet, por la que se exige el carné profesional para ejercer la actividad inmobiliaria. Pero negada la mayor en la sentencia (no es una inmobiliaria sino empresa de la sociedad de la información), la aplicación de la Ley Hoguet queda en un segundo plano, aunque revela que Francia, si puede, pasa por la guillotina a todo competidor molesto.