Pescanova inundaba con miles de facturas falsas a la banca para impedir que las comprobaran

El enorme volumen de facturas falsas (casi 38.000 en el 2012) con las que Pescanova inundó las entidades financieras en las que tenía líneas de factoring, es decir, que le adelantaban el dinero de los recibos que aún no había cobrado, pretendía, además de aliviar su maltrecha tesorería, impedir que los bancos las comprobaran. Así lo confirmó este miércoles en la Audiencia Nacional Ignacio Reinart González, que era director general de Madrid Leasing (dependiente de Bankia y una de las entidades con las que la pesquera tenía contrado factoring) cuando estalló la burbuja de la multinacional gallega.

«Es absolutamente normal, cuando tienes clientes de los que cuelgan otro muchos clientes, que te envíen listados de facturas y no las facturas físicas», respondió Renart a la pregunta de la letrada de Bankia, única entidad financiera personada como acusación en el caso. «La última vez fueron 1.900 facturas y no era operativo hacerlo de otro modo», aseveró. Insistió en que «no había ningún motivo para desconfiar de Pescanova», con quien llevaban diez años trabajando «sin problemas» y a la que incluso le concedieron una ampliación temporal del límite de crédito (de 15 a 20 millones) para que hiciera frente a la campaña de Navidad, más intensiva en compras de producto.

Cabe recordar que el expresidente de Pescanova y principal acusado, Manuel Fernández de Sousa, no solo negó haber engañado a los bancos, sino que los responsabilizó por no haberle pedido nunca las facturas.

Reinart también afirmó que era Madrid Leasing quien cobraba a los clientes de Pescanova las facturas cedidas, justo lo contrario de lo sostenido por Sousa -corroborado por los informes de la UDEF-, que aseguró que los clientes le abonaban los recibos a la pesquera y esta liquidaba el factoring. Esta mecánica permitió mantener en marcha la fórmula irregular de financiación hasta que el impago, tras la solicitud de preconcurso, la destapó. 

Las lagunas de la auditoría

Ayer también declararon Elena García y Sergi Coromina, integrantes del equipo de auditoría de BDO que supervisaba las cuentas de Pescanova en el período enjuiciado. A diferencia del socio auditor, Santiago Sañé, y de la propia BDO, imputados en la causa, García y Coromina acudieron como testigos. Defendieron la labor desarrollada en Pescanova, pese a que la Fiscalía y el letrado de Luxempart (acusación particular) cuestionaron que no detectaran indicios que, como los abultados créditos documentarios (1.857 millones frente a importaciones por solo 27) o el comparativamente reducido IVA pagado al fisco, evidenciaban las irregularidades del grupo.

García aseguró en varias ocasiones que no sospecharon nada, que lo referido por la acusación no les llamó la atención o que se les pasó, y que «claramente» habían sido engañados por la multinacional.