El fiscal de Pescanova: «Para salvar la empresa, eligieron el camino delictivo»

Después de tres meses de parón por la pandemia, la Audiencia Nacional retomó este lunes el juicio por la quiebra de Pescanova, que sienta en el banquillo a su expresidente, Manuel Fernández de Sousa, y a toda la antigua cúpula de la empresa, acusados de un rosario de delitos -desde estafa a falsedad documental, falseamiento de cuentas, blanqueo o alzamiento de bienes-. Y el fiscal anticorrupción, Juan Pavía, reanudó la sesión sin aflojar la intensidad del azote acusador mostrado durante los meses previos de la vista: «Por última vez, tomamos la palabra para interesar una sentencia condenatoria».

Comenzó anunciando algunas modificaciones menores en su escrito de acusación. Así, de los cuatro delitos que inicialmente le imputaba a Pablo Fernández Andrade, hijo del expresidente, retiró el de estafa (resta tres años a los 13 de prisión que sumaba); mientras que a los testaferros de las sociedades instrumentales usadas para ocultar la deuda del grupo solo les mantiene el delito continuado de falsedad en documento mercantil, con el atenuante de confesión. Sobre el resto de acusados, con Fernández de Sousa a la cabeza, Pavía se mantuvo inflexible.

Al expresidente, que se enfrenta a 28 años de cárcel por ocho delitos, le considera el urdidor de la trama que acabó llevando a la pesquera -llego a ser la cuarta del mundo- al mayor concurso de acreedores no inmobliario del país: 3.600 millones de deuda y casi 800 de pérdidas en el 2013.

Recordó la enorme necesidad de liquidez que la expansión del negocio diseñado por Sousa, coincidiendo con el estallido de la crisis financiera, hizo inviable la compañía y cómo «para salvarla» -como el directivo y sus hombres de confianza insistieron en el juicio- crearon un mecanismo «piramidal» de facturas falsas y sociedades instrumentales con las que ocultar la deuda y seguir financiándose.

«Ni por su volumen ni por lo sostenido en el tiempo es posible que este entramado sea obra de una sola persona», resumió el fiscal, situando a Sousa en la «cúspide de la pirámide», pero «con la concurrencia del resto», igualmente responsables.

«No hablamos de unos millones arriba o abajo, sino de más de 2.000 millones de pasivo oculto. Es un desbalance tan grosero que es imposible que obedezca a un error», dijo, para arremeter contra quienes «para solucionar los problemas de Pescanova no solo eligieron el camino equivocado, sino que escogieron el delictivo. Y lo eligieron cuando el sistema les brindaba posibilidades para no hacerlo».

Tumbó las «coartadas» de Sousa

Pavía fue especialmente duro al desmontar lo que calificó de «coartadas» del expresidente, que trató de eludir su responsabilidad, por un lado, acusando a la banca de conocer el entramado y lucrarse, y por otro, al auditor (también imputado) por no haberle avisado de que sus prácticas contables (como el neteo de activos y pasivos) eran ilegales. «¿109 bancos se pusieron de acuerdo para imponerle condiciones tan onerosas que no pudo asumirlas?», ironizó el fiscal, recordando que el 5 % de interés fue el mismo tipo al que el propio Sousa prestó dinero a Pescanova.

En el juicio el expresidente insistió en que él era el principal perjudicado y defendió que las irregularidades cometidas solo pretendían «salvar» la compañía y preservar el empleo. «Apelar a la salvación de los puestos de trabajo casa muy mal con elaborar miles de facturas falsas que pusieron en peligro los puestos de trabajo de otras compañías», le espetó el fiscal, para asegurar que «mal que le pese, si se han salvado, ha sido por la administración concursal y siete bancos».

«Ha sido el principal perjudicado, sí, pero por sus propios actos», abundó Pavía, recordándole que evitó una pérdida de 15 millones al vender acciones antes de que trascendiera la situación de la compañía y que se llevó el dinero «fuera de la jurisdicción española». El fiscal prosigue hoy, pero la defensa de Sousa, que mantendrá su petición de absolución, avanzó que, en caso de condena, planteará atenuantes, como el de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas, tras siete años esperando juicio.