Maroto advierte a Alcoa que si no mantiene el empleo, tendrá que devolver más de 800 millones

Que el Gobierno le ha declarado la guerra a Alcoa, no es ya ningún secreto. Tampoco es que lo disimule mucho el Ejecutivo. Ni mucho menos. Y lo dicho ayer por la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el Senado no es sino una muestra más de ello. Anunció Maroto en el pleno que el Gobierno le acaba de requerir a Alcoa que cumpla con su compromiso de mantener el empleo. De no hacerlo, que se atenga a las consecuencias: le exigirán a la multinacional que devuelva todas las ayudas que ha recibido en los últimos diez años. Más de 800 millones, según Maroto. Y con intereses. En esa cifra se incluyen los 38 millones de euros que ha percibido la empresa en los dos últimos años en compensaciones por los costes indirectos de CO2, apoyos directamente condicionados al mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo.

La responsable de Industria recalcó que el Ejecutivo ha demostrado «desde el primer momento su compromiso por mantener las capacidades productivas y el empleo en Alcoa y en el conjunto de la industria del país, movilizando muchos recursos, especialmente para la industria electrointensiva, principalmente en Galicia donde la multinacional estadounidense del aluminio ha sido la principal beneficiaria».

Alcoa decidió la pasada semana iniciar el período formal de consultas para el despido colectivo de 534 trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao, en un proceso de 30 días naturales que terminará el 24 de julio.

Cifras que no cuadran

La respuesta de la multinacional no se hizo esperar, y poco después de que Maroto realizara esas declaraciones en la Cámara alta, salía al paso de esas palabras achacando la cifra de ayudas proporcionada por la ministra a «un malentendido». Aclaraba la empresa en un comunicado que ha recibido subvenciones «en los mismos términos y condiciones que otras industrias». Haciendo especial hincapié en que el dinero que ha percibido por el servicio de interrumpibilidad, no constituye «ninguna ayuda», por lo que considera que «no cabe devolución alguna». «Es una contraprestación por un servicio que se presta al sistema nacional de distribución de energía eléctrica para garantizar el suministro de energía eléctrica o mitigar el precio eléctrico», subrayó. Apostillando que el mecanismo de interrumpibilidad cuenta con una regulación específica y es un servicio que existe en la mayoría de los países europeos. «Los servicios de interrumpibilidad se adjudican en subastas organizadas por el gestor de la red eléctrica a las que Alcoa ha concurrido al igual que un significativo número de empresas cualificadas grandes consumidoras de energía, y Alcoa ha cumplido con sus compromisos adquiridos referentes a estos servicios», zanjaba la multinacional en su comunicado.

Un abismo

Con todo, la empresa cifra en menos de 43 millones de euros las ayudas percibidas en los últimos diez años, lejos, muy lejos, de los más de 800 de los que habla la ministra.