Una de cal... y otra de cal

No es la primera vez, ni será la última. Una vez más, se ha vuelto a declarar inconstitucional una norma tributaria. Esta vez le ha tocado el turno a aquella con la que el exministro Montoro instauró la obligación, para aquellas empresas cuya cifra de negocio superase los 10 millones de euros, de ingresar un importe mínimo en concepto de pago fraccionado a cuenta del impuesto sobre sociedades, con independencia de que hubiera o no base imponible.

Esta norma era, realmente, un mero instrumento de financiación a coste cero por parte del Estado, soportado por las empresas que, atónitas, veían como, sin base imponible gravable, se encontraban obligadas a ingresar en las arcas del Estado un 23 o un 25 % del resultado de su cuenta de pérdidas y ganancias acumulada.

Siendo obvio que dicha norma vulneraba el principio de capacidad económica, cuestión sobre la que no se pronuncia el Constitucional, resulta especialmente relevante, por lo que pueda pasar en el futuro, que el motivo de la declaración de inconstitucionalidad haya sido el hecho de que un decreto-ley no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución.

Hoy ya es evidente lo que desde hace mucho tiempo vengo denunciando. La seguridad jurídica se encuentra en declive y la técnica legislativa es más que deficiente. Todo ello como consecuencia de una recaudación tan voraz como necesaria para el aparato que alimenta.