La gran industria lleva tres meses con cero ayudas para abaratar la energía

Con ese nombre impronunciable, digno de un trabalenguas, poco podía durar. Siete años y 3.300 millones de euros después, el servicio de interrumpibilidad ha dicho adiós. Y el centenar de empresas que hasta julio estaban a disposición del sistema eléctrico para reducir consumo energético en aras de la seguridad del suministro del país han quedado liberadas de esa obligación. Pero las interrumpibles también se han despedido de unos incentivos que percibían a cambio de estar disponibles y que contribuían a enfriar el precio que pagaban por la electricidad, un abaratamiento especialmente importante para las industrias electrointensivas, caso de Alcoa, Ferroatlántica o Megasa.

Esas industrias están sin ayudas desde julio. «Lo llevamos fatal», reconoce el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto. Porque la interrumpibilidad era el único mecanismo de apoyo más o menos estable con el que contaban ese tipo de compañías. Y ahora, ajo y agua. Y a seguir pasando apuros para fabricar a precios parecidos a los de sus competidores europeos. A final de año acabarán pagando 20 euros más por megavatio hora que Francia y 25 más que Alemania, denuncia Soto. Ser competitivo se complica. El Gobierno trabaja en medidas nuevas de apoyo para el sector electrointensivo que no acaban de llegar.

Soto avanza que el servicio de interrumpibilidad tendrá recambio. El Ministerio para la Transición Ecológica está sometiendo a información pública un proyecto de orden por la que se crea la reserva estratégica de respuesta rápida para el respaldo de los servicios de ajuste del sistema eléctrico. Otro nombre de lo más complejo para un mecanismo que tendrá el mismo objetivo que la interrumpibilidad: el equilibrio instantáneo entre generación y consumo, o sea, la seguridad del suministro eléctrico. ¿Cómo? Pues actuando sobre lo uno y sobre lo otro cuando fallen las previsiones de producción y haya riesgo de apagones.

Con la interrumpibilidad se actuaba solo sobre el consumo. Red Eléctrica de España (REE) emitía órdenes de reducción de potencia a las industrias fichadas para ello. El nuevo mecanismo dará entrada, además, a aumentar la generación para equilibrar el sistema. Pero no tirará de un centro productor convencional, como un parque eólico o una central de ciclo combinado, sino de instalaciones con capacidad de ser activadas de forma casi instantánea, en un tiempo inferior a un minuto, que no vendan su electricidad en el mercado mayorista, e instalaciones de almacenamiento. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las centrales hidráulicas de bombeo y aquellas que cuenten con baterías para guardar la electricidad. Aquí podrían incorporarse comunidades de autoconsumo, ya que estará abierto a instalaciones pequeñas, a partir de 1 megavatio de potencia.

El listado de los proveedores de ese mecanismo de reservas estratégicas se realizará mediante subastas anuales.

Una medida inmediata: las compensaciones por el CO2

Si todo hubiera ido como tenía que ir, el fin de las subastas de interrumpibilidad tendría que haber coincidido con la implantación del nuevo mecanismo que lo sustituirá —cuya entrada en vigor no tiene fecha— y también con la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo —que ahora se anuncia para octubre—. Entre uno y otro, la gran industria hubiera podido contar con mecanismos de apoyo para equiparar el precio eléctrico en España con el que pagan sus competidores europeos. Pero están sin nada.

Sin embargo, hay una medida que el Gobierno podría poner en marca con cierta inmediatez y que reclama AEGE: el pago de las compensaciones por las emisiones de CO2, que procede de partidas presupuestarias del Ministerio para la Transición Ecológica. Solo hay que consignarlas. Fernando Soto reclama —como prometió el Gobierno que haría— la partida máxima permitida por la Comisión Europea: 170 millones de euros. Este año, de momento, se han convocado siete millones, procedentes del Ministerio de Industria. Pero el director general de AEGE espera que en las próximas semanas se aumente esa dotación.

Ese instrumento se combinará con las medidas contenidas en el estatuto, que por sí solas son insuficientes, denuncia el sector. Entre ellas se encuentran compensaciones por la financiación de las primas a las energías renovables.

Las industrias reclaman que el documento incorpore otros mecanismos autorizados por Bruselas y que se aplican en otros países, tales como la exención en los peajes de transporte —un concepto incluido en los costes fijos de la factura de la luz—.

Un mecanismo rodeado de secretismo

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado la puntilla a un mecanismo envuelto en un secretismo poco habitual en la gestión de fondos públicos. El servicio de interrumpibilidad fue creado en 1995 y el dinero que se repartía entre las empresas que ofrecían el servicio fue todo un misterio, sobre el que se arrojó algo de luz a partir del 2014, cuando los incentivos empezaron a adjudicarse vía subasta competitiva. Pero ni así se hicieron públicos los resultados detallados empresa a empresa, solo el global adjudicado. Y eso que el dinero del que ha dispuesto el Gobierno, y que se han embolsado las industrias (3.300 millones desde la primera subasta, convocada a finales del 2013, pero cuyos incentivos se hicieron efectivos en el 2014), salió del bolsillo de los consumidores, que lo sufragaron en su factura de la luz como un gasto más del sistema eléctrico.