La confesión de Fernández de Sousa no conmovió al tribunal: tenía salida legal y escogió la «dinámica delictiva»

La versión de Manuel Fernández de Sousa sobre qué ocurrió para que Pescanova pasara de ser un gigante mundial a quebrar, asfixiada por una deuda tan elefantiásica como escondida, no convenció al tribunal. Aunque el expresidente insistió una y otra vez durante el juicio en que él es el principal perjudicado -«lo he perdido todo», se lamentó-, y se esforzó por despejar las responsabilidades hacia el auditor externo y a la banca que le financiaba, la Sala no se ablandó, ni cuando admitió, visiblemente conmovido, que había cometido «errores», pero nunca delitos, con el objetivo último de salvar su empresa y preservar los empleos que generaba.

La sentencia desmonta la defensa del antiguo capitán de la pesquera, al que consideran urdidor del plan diseñado para ocultar la deuda real (3.600 millones de euros) y poder seguir financiándose con engaños a banca e inversores. La compleja estructura ilegal creada para ello lo llevará ocho años a la cárcel.

Es más, la Sala de lo Penal desestima la petición de su defensa, que solicitaba -en caso de que finalmente resultara condenado- la aplicación de atenuantes de la pena, como la confesión o la reparación del daño causado.

Un tirón de orejas

La respuesta de los magistrados ha sido una negativa rotunda, acompañada de un tirón adicional de orejas al expresidente, cuyo argumento estrella siempre fue el de que «había que hacer lo que fuera para mantener viva Pescanova».

El tribunal prácticamente copia las palabras del fiscal Anticorrupción, Juan Pavía, que acusó a Fernández de Sousa y sus colaboradores de elegir el camino equivocado, «el delictivo», para solucionar los problemas de la compañía, cuando el sistema les brindaba posibilidades para no hacerlo. «Resulta difícil de entender que no utilizara otras medidas legales, como la de anticipar la salida finalmente escogida [el concurso voluntario de acreedores], en vez de iniciar una dinámica delictiva del tamaño de la generada, como si no hubiera otra alternativa legal», argumenta la sentencia para rechazar el atenuante de estado de necesidad.

Y va más allá, ya que también rechaza el atenuante de confesión para Fernández de Sousa, porque -recoge el fallo- «ni siquiera después del juicio ha demostrado comprender el alcance de las decisiones adoptadas y los enormes perjuicios que tales decisiones han conllevado». Es decir, que enrocarse en que cometió «errores, pero no delitos» le ha pasado factura penal, ya que el tribunal recuerda que para beneficiarse de dicho atenuante no basta con decir la verdad sobre lo ocurrido, «sino que hay que admitir que lo relatado constituye uno o más delitos», y al autor «se le exige» una actitud de «colaboración positiva con el orden jurídico dañado».

Fue un delito, no un error

Y los magistrados le afean, con contundencia, su falta de arrepentimiento: «Lo cierto es que, del discurso del presidente al narrar las actividades llevadas a cabo como consecuencia de la restricción bancaria, se podía deducir que trataba de justificar su actuación ante la ausencia de ninguna otra alternativa financiera, hasta tal punto, que consideraba impensable que pudiera haberse anticipado la presentación de un concurso voluntario de acreedores como solución alternativa a la comisión de los delitos que se han declarado probados».

El dinero desviado a Portugal, decomisado

Aunque la Audiencia Nacional absolvió de todos los cargos que se le imputaban al hijo del expresidente de Pescanova, Pablo Fernández Andrade, no ocurrió lo mismo con su esposa. Rosario Andrade Detrell sí resultó condenada a un año de cárcel y 14.600 euros de multa, como cooperadora necesaria en el delito de alzamiento de bienes, ya que, junto con su marido (condenado a dos años por el mismo delito), trató de sacar de España y enviar a un banco de Hong-Kong casi cinco millones de euros.

Tal intento -fallido- se produjo en el verano del 2013, cuando el escándalo del fraude contable de Pescanova ya era público y se habían interpuesto las primeras demandas judiciales contra Fernández de Sousa.

Cubrir la responsabilidad civil

Ahora la sentencia establece el «decomiso» de las cantidades depositadas en las dos cuentas que Rosario Andrade abrió a nombre de la sociedad mercantil Quinta do Sobreiro, en las entidades Millennium y Banif de la localidad portuguesa de Valença, en total, 4,6 millones de euros.

Se trata de cubrir con ellos -aunque sea parcialmente- la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes por el que han resultado condenados.