El Gobierno presiona a Alcoa exigiéndole que devuelva 50 millones en ayudas del CO2

A falta de una solución más contundente que evite el cierre de la última fábrica de aluminio primario de España, los Gobiernos central y autónomo siguen ejerciendo presión para forzar a Alcoa a que dé su brazo a torcer y retome las negociaciones para vender la planta gallega de San Cibrao (Cervo) al grupo británico Liberty. Así, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció en televisión que, tras lanzar varias amenazas, el ministerio ya ha requerido formalmente a la multinacional del aluminio que devuelva 50 millones de euros en concepto de compensaciones por costes indirectos de emisiones de CO2. Es una de las ayudas que recibe la industria electrointensiva para enfriar sus costes eléctricos y equipararlos con los de los demás países. Maroto destacó que es una responsabilidad reclamarle a la multinacional las subvenciones recibidas porque «los ciudadanos no entienden que una empresa que ha recibido tantas ayudas públicas hoy esté cerrando y dejando sin empleo a una comarca entera». Añadió que confía en que «tanto los requerimientos del Ministerio de Industria como los requerimientos que esta semana espero salgan también de la Xunta, pongan a Alcoa en la tesitura de devolver el dineros».

Los ciudadanos no entienden que una empresa que ha recibido tantas ayudas públicas hoy esté cerrando

La ministra reiteró que están decididos a mantener la planta abierta y que siguen buscando fórmulas para ello.

Entre tanto, el Consello de la Xunta ha declarado como esencial y estratégico para la economía gallega el sector electrointensivo, en el que se enmarcan industrias con un elevado consumo de energía eléctrica, como Alcoa. El Gobierno autónomo da este paso en plena crisis de la planta de aluminio primario de San Cibrao, que la multinacional estadounidense amenaza con cerrar, despidiendo a más de medio millar de trabajadores. Pero la declaración no podrá evitar esa medida traumática.

Aunque el acuerdo del Consello mimará a esas empresas de modo que pasearán por una alfombra roja administrativa para tramitar proyectos nuevos que impliquen inversiones y la creación de puestos de trabajo. Concretamente, se reducirán a la mitad los plazos administrativos para la implantación y puesta en marcha de planes de ampliación, modernización y transformación que cumplan al menos dos requisitos: creación de 25 o más empleos directos y con contrato indefinido a jornada completa; e inversión mínima de un millón de euros.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, destacó que la solución a la crisis de Alcoa es más difícil a medida que avanzan los días. Así, informa Juan Capeáns desde Santiago, admitió que «era máis doada hai semanas», pero no pierde la esperanza de alcanzar un final amistoso en el que considera clave el cambio de actitud del Gobierno central tras las elecciones «para traballar xuntos», así como el acuerdo del Congreso para garantizar una intervención pública si no hay una resolución de mercado.

Con todo, el presidente gallego cree que el problema se ha afrontado «un ano e medio tarde» y recalcó que sigue sin existir un estatuto para garantizar un precio de la electricidad industrial competitivo.

Electrointensivas son industrias del aluminio (Alcoa, Cortizo, Aluman, Exlabesa y Extrugasa), siderúrgicas (Megasa y Celsa), metalúrgicas (Ferroatlántica y Xeal), fabricantes de cementos (Cosmos), transformación de la madera (Finsa, Grupo Tojeiro e Intasa), papeleras (Ence), químicas (Showa Denko) e incluso conserveras (Jealsa y Frinsa), que comparten que su gasto en energía eléctrica puede llegar a suponer el 50 % de los costes de producción.

El comité de San Cibrao, mientras, prepara la documentación para impugnar el ERE y solicitar, al mismo tiempo, que el juez adopte medidas cautelares, de modo que se paren los despidos mientras no se resuelva el expediente. Los sindicatos cuentan para ello con el asesoramiento de la Xunta.