Juicio a Alcoa: el futuro del aluminio gallego, en manos de los jueces

El futuro inmediato de la última fábrica de aluminio primario de España, la situada en San Cibrao (Cervo), ha quedado en manos de la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que estos días decidirá si acepta medidas cautelares y frena temporalmente la decisión de Alcoa de parar la producción y de despedir a 524 trabajadores. Así lo han pedido los tres principales sindicatos, UGT, CC.OO. y CIG, en tanto no se resuelva la cuestión de fondo: la legalidad o no del ERE que la empresa pretende aplicar. Los sindicatos sostienen que es nulo.

Para emitir su sentencia sobre las cautelares, los jueces gallegos tendrán que procesar y analizar todos los argumentos y toda la información aportada este miércoles por los denunciantes, más los abogados de Alcoa y del Ministerio de Industria y de la Xunta, durante una audiencia pública que duró ocho horas. Para seguir la sesión se acercó hasta A Coruña el presidente de la compañía en España, Álvaro Dorado.

Las Administraciones están personadas como partes interesadas en la demanda contra el ERE, aunque la multinacional ha solicitado que queden fuera por falta de legitimidad en este proceso laboral. Los letrados de Alcoa protestaron incluso por que la audiencia se retransmitiese por vía telemática para los periodistas por «vulnerar derechos fundamentales de los intervinientes».

Los cinco abogados de los sindicatos y de las Administraciones defendieron paralizar el apagado de las cubas donde se fabrica el aluminio que el grupo pretende acometer ahora, porque ese proceso haría inviable una posible vuelta a la actividad de la planta. Además, alegaron que los despidos que pueda acometer ahora serían irreversibles si finalmente se anula el ERE.

Argumentaron también que en las negociaciones del expediente que se llevaron a cabo con los sindicatos la empresa actuó de mala fe, como demuestran los diez requerimientos remitidos por la autoridad laboral autonómica. En el último de ellos se instaba a Alcoa a ampliar el período de consultas —durante el cual negoció la venta con Liberty—, y, como explicó el abogado de la Xunta, la empresa no pudo justificar por qué no aceptó. Un informe de Inspección de Trabajo detectó también que la multinacional no supo decir cuándo empezaría a aplicar el ERE —solo que estaría finalizado el 30 de marzo del 2021— ni qué criterios seguirá para elegir a los despedidos. El letrado autonómico puso en duda la efectividad del período de consultas y la voluntad negociadora de Alcoa en el ERE en el que se enmarcaron las conversaciones con Liberty.

La sesión se convirtió por momentos en todo un juicio contra la multinacional del aluminio, tras dar por fracasadas y finalizadas unas negociaciones con el grupo Liberty para la venta de la planta.

El abogado del Estado concluyó que si se ejecutan los despidos con un compromiso firme de un comprador «ya no se estarían dando los supuestos de despido colectivo». También aportó un informe detallado de las negociaciones firmado por el secretario general de Industria con prácticas que muestran mala fe por parte de la compañía.

Además de pedir la paralización de las medidas, los sindicatos solicitan al tribunal que dicte la intervención judicial de Aluminio Español a favor de la SEPI para facilitar la venta a Liberty. El letrado del Estado consideró que esa petición no era adecuada porque ese cambio de administración consumiría bastante tiempo y, además, la SEPI no había sido convocada para participar en la causa que se dirime. «Sí nos parece viable el cese temporal de despidos y cierre de cubas, no es una injerencia tan intensa en la empresa, y permite continuar las negociaciones», añadió.

«No se puede obligar a Alcoa a vender sí o sí»

Los abogados de Alcoa defendieron los esfuerzos negociadores llevados a cabo por la empresa durante los 120 días que duró el período de consultas del ERE. También que la compañía no había logrado un acuerdo con Liberty ni con la SEPI —que actuó como mediadora y con la que negoció durante los últimos cuatro días de conversaciones— porque le exigían compromisos inasumibles como la cesión de derechos sobre la planta de alúmina. De hecho, los letrados aseguraron que Liberty solo quería esa última fábrica y que la de aluminio era un mero instrumento para conseguirlo.

La empresa subrayó que estaba dispuesta incluso a pagar por vender (130 millones), pero no a ceder la alúmina. También acusó a Liberty de no presentar un plan industrial para San Cibrao.

Los abogados recordaron que el apagado de las cubas de electrolisis era necesario para tapar las abundantes pérdidas que generan —un millón de euros al mes, según la multinacional, un dato que los sindicatos pusieron en duda— y avanzaron que el 2020 acabará con un roto de 58 millones de euros, que se sumarán a los 110 de los años anteriores. En este sentido, amenazaron con pedir responsabilidades a los denunciantes si finalmente los jueces aceptan las cautelares y las pérdidas siguen engordando durante los meses que transcurran hasta que se dicte sentencia firme sobre el ERE.

«No se puede obligar a Alcoa a vender sí o sí, es un atentado contra el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa», concluyeron los letrados.