El Estado le echa un pulso a Alcoa

El Ministerio de Industria y la Xunta dicen estar dispuestos a sacar la artillería pesada si Alcoa no acepta vender la fábrica de aluminio primario de San Cibrao a la SEPI para que esta, a su vez, la traspase al grupo británico Liberty, que la quiere mantener abierta. En palabras de la ministra de Industria, Reyes Maroto, analizan todos los «instrumentos disponibles dentro del ordenamiento jurídico y del marco de la Comisión Europea para garantizar un futuro industrial». Y del vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde: «Si llegado el momento ese es el camino, nosotros apoyaremos esa intervención».

La única arma pesada que puede desenfundar el Estado es la expropiación de Aluminio Español S.L., el nombre de la sociedad con la que Alcoa opera esa planta gallega. Luis Míguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, explica que, aunque se habla de intervención de la fábrica (es lo que literalmente piden los trabajadores y partidos como el BNG), en realidad sería precisa una expropiación, porque «si el Estado quiere vender un activo, primero tiene que ser el propietario, no puedes vender algo que no es tuyo».

La intervención temporal de la compañía supondría la asunción del control de la gestión, como hizo el Banco de España con varias entidades financieras (Banesto, entre ellas), pero no afectaría a la propiedad, que seguiría en manos de la multinacional.

Si el Estado quiere vender un activo, primero tiene que ser el propietario, no puedes vender algo que no es tuyo

Así que si la SEPI quiere vender la última fábrica de aluminio de España, primero tendría que expropiársela a Alcoa. Es un proceso que solo se acometió una vez, en 1983, con Rumasa.

Luis Míguez asegura que legalmente es posible repetir aquella experiencia, que incluso podría ejecutarse con cierta agilidad. Pero, ¿qué pasos habría que seguir? El experto avanza que lo primero sería aprobar una ley específica para hacerse con la propiedad, en la que habría que incluir unas causas justificadas que cimentasen la operación. Entre ellas se maneja una fundamental: que la fabricación de aluminio primario es una actividad esencial y un sector estratégico y que el cierre de la última planta que lo elabora, la de San Cibrao, dejaría el país desabastecido de un producto básico y al albur de las importaciones.

Luis Míguez aclara que si el Gobierno quisiera podría aprobar esa norma en el Consejo de Ministros en forma de decreto ley, como hizo con Rumasa.

Eso sí, la expropiación obligaría al Estado a pagarle dinero a Alcoa por los activos. ¿Cuánto cuesta la fábrica? Aunque la multinacional estadounidense estaba dispuesta a vendérsela a Liberty por un euro, eso no quiere decir que el Estado pudiese zanjar la cuestión con ese precio de ganga. Míguez subraya que habría que realizar una tasación independiente e indemnizar a la compañía.

Así que, «si quieren pueden, pero es complicado», reconoce el catedrático de Derecho Administrativo. No porque la Comisión Europea ponga impedimentos a las expropiaciones, salvo que el Gobierno llegue al negocio del aluminio para quedarse, sino porque, como ocurrió con Rumasa, se producirá una larga guerra judicial de final incierto.

Aunque tanto Maroto como Conde dan esperanzas sobre la expropiación, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, desinfló las expectativas cuando hace semanas reconoció a La Voz que «no es fácil implementar una operación así dentro de la UE y que no nos dé problemas de litigios durante años», como Rumasa.

El TSXG podría parar cierre y despidos

Xunta y Gobierno confían en doblegar a Alcoa para que acepte vender la planta a la SEPI sin necesidad de tirar de expropiación. ¿Cómo? El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decidirá en cuestión de días si obliga a la empresa a mantener activa la fábrica en tanto no dicte sentencia sobre el ERE. Este último fallo podría tardar meses y si se aplican medidas cautelares, la presión sobre la empresa podría obligarla a dar su brazo a torcer.