Alcoa: «Regalamos la fábrica y aportamos 130 millones, ¿eso es irrazonable?»

Los abogados de Alcoa defendieron en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que la aplicación del ERE de extinción para 524 trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao es inevitable porque, aclaran, la planta lleva tres años perdiendo dinero -169 millones- y, de hecho, está vendiendo por debajo de los costes de producción. Porque, aseguran, concurren problemas económicos estructurales como el precio de la energía -el megavatio hora debería costar 35 euros y está a 58- y de las materias primas, que condenan a la planta a no ser competitiva. En ese sentido, los representantes legales del grupo estadounidense culparon al Gobierno de incumplir sus promesas de aplicar medidas para abaratar la electricidad y recordaron que el estatuto del consumidor electrointensivo lleva dos años de retraso. «Las condiciones no son propicias para que haya más fábricas de aluminio en España», destacaron. La de San Cibrao es la última del país.

La empresa aseguró también que ese ERE no implicará el cierre de la planta porque se mantendrán 99 empleos y la parte de la fundición activa. Sin embargo, sí conllevaría el abandono de la producción, pues pararía las cubas de electrolisis, una medida con la que las pérdidas se reducirían un 70 %, aclaró.

Además, los letrados de la multinacional subrayaron el esfuerzo realizado por el grupo estadounidense para intentar vender la planta al grupo Liberty -como le exigieron los trabajadores, la Xunta y el Ministerio de Industria-, pese a que entienden que esa operación no la hubiera salvado de la quiebra porque seguiría siendo poco competitiva. Así, afirmaron que «regalamos la planta y aportamos 130 millones, ¿eso es irrazonable?» en referencia a la oferta realizada por la aluminera a Liberty para venderla por un euro y desembolsar esa cantidad de dinero para asumir distintos costes.

La operación no prosperó, según Alcoa, porque se exigieron derechos sobre la fábrica de alúmina, que no formaba parte del trato. «La decisión [de venta] era nuestra, pero parecía que tenía que ser obligatoria», añadieron los abogados. Acusaron también a Liberty de no manejar un plan industrial para las instalaciones y de perseguir únicamente la planta de alúmina.

El TSXG acoge el juicio sobre la nulidad del ERE para la fábrica de aluminio gallega, tras fracasar un intento de conciliación previo. Los sindicatos CC.OO., UGT y CIG presentaron una demanda en la que alegan mala fe por parte de la empresa durante las negociaciones del expediente, entre otras irregularidades, y la acusan de rechazar una oferta de compra de las instalaciones por parte de Liberty que hubiera salvado los activos del cierre.

Los abogados de la multinacional acusaron a su vez a los representantes de los trabajadores de intentar boicotear las negociaciones del ERE para forzar la venta, algo que atenta contra la libertad de empresa, aseguraron.

También cargaron contra la autoridad laboral autonómica, que a lo largo de los 120 días que duró el período de consultas -con negociación con Liberty por medio- envió una decena de requerimientos a la empresa. Alcoa entiende que se extralimitó en sus funciones llegando incluso a pedirle que retirara el ERE.

«Nunca quiso negociar una venta ni evitar los despidos»

Tanto la Xunta como el Ministerio de Industria están personadas como partes interesadas en la demanda, aunque los abogados de Alcoa ya avanzaron que impugnarán esa participación.

El abogado del Estado fue demoledor contra la compañía. La acusó de reestructurar San Cibrao no por motivos de mercado, como alega el grupo, sino como una estrategia de grupo adoptada en octubre del 2019. Aunque, añadió, tuvo que aparentar que hizo todo lo posible para evitar despidos, añadió, para darle validez al ERE. Sin embargo, en su opinión, «nunca quiso negociar una venta ni evitar los despidos». De hecho, denunció que durante las conversaciones con Liberty, la multinacional no dio pasos adelante, sino atrás. 

Como también intentarán hacer los tres sindicatos, el letrado del Ministerio de Industria trató de desmontar las cifras económicas aportadas por Alcoa para dar soporte al ERE, en las que, dijo, no se incluyeron factores competitivos de San Cibrao en comparación con otras plantas del mismo grupo en el norte de Europa, como el hecho de que la fábrica de aluminio gallega esté pegada a la fuente principal de suministro de materia prima (la alúmina) y que los costes laborales en España son muy inferiores a los que puedan tener en Noruega. 

El abogado de la Xunta, por su parte, consideró que el ERE debe ser declarado nulo porque Alcoa no negoció de verdad, solo en apariencia, no entregó toda la documentación requerida y actuó de mala fe.