Rato, otra vez camino del banquillo por las mordidas en la publicidad de Bankia

A punto de cumplir 72 años -el próximo día 18- y después de salir de prisión en libertad condicional hace apenas dos semanas precisamente por su edad, el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, acaba de encajar un revés judicial que lo encamina de nuevo al banquillo. El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid lo ha procesado, junto con otras catorce personas y dos empresas, por la presunta comisión de los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y elusión fiscal.

Rato estaba en prisión desde el 25 de octubre del 2018 por la condena de cuatro años y medio de cárcel —de la que cumplió dos años y cuatro meses— impuesta por la Audiencia Nacional por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Salió en libertad condicional a mediados de febrero, pero el titular del juzgado de Instrucción 31, el juez Antonio Serrano-Arnal, que desde el 2015 investiga el origen del patrimonio del exdirector del FMI, ha dado por concluida la instrucción, transformando las diligencias previas en procedimiento abreviado: la antesala del juicio.

Por los mismos tres delitos que Rato, el juez ha dispuesto procesar también a Miguel Ángel Montero, administrador de varias empresas del exministro, y al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados.

Escrito de acusación en 20 días

Ahora la Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen un plazo de 20 días para presentar sus escritos de acusación, mientras que las partes pueden recurrir la decisión del juez, que no es firme.

Y es que en un auto conocido este lunes y fechado el pasado 23 de febrero, el juez procesa a Rato y al resto de los investigados por una presunta trama de corrupción para cobrar más de dos millones de euros en comisiones por los contratos publicitarios que Bankia firmó en los años 2011 y 2012, cuando él era aún presidente de la entidad, además de usar un entramado societario para repatriar dinero y mantenerlo oculto a Hacienda.

Según explica el auto, al que ha tenido acceso La Voz, Rato habría utilizado su posición en Bankia para contratar servicios fantasma de consultoría —a cambio de mordidas— a través de la empresa Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo. La compañía carecía de empleados, tenía su sede en el domicilio familiar de Portuondo y las facturas de la firma «no se correspondían con una contraprestación real de los aludidos servicios de consultoría sino que eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rodrigo Rato Figaredo su parte en las comisiones obtenidas por Albisa de las agencias publicitarias Zenith y Publicis en razón de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia» cuando el expolítico la presidía.

El juez considera los hechos constitutivos de delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ya presentó un escrito de acusación por estos presuntos delitos hace dos años —en marzo del 2019—, en los que pedía cuatro años de cárcel para Rato, además de una multa de 2,5 millones de euros.

Ahora el juez considera acreditado que Bankia contrató publicidad con Publicis y Zenith y que estas pagaron una comisión de 2,02 millones a Albisa Inversiones, controlada por Portuondo, al que Rato habría colocado como asesor en la entidad financiera.

Paraísos fiscales

La investigación concluye que la sociedad de Portuondo transfirió a Kradonara, controlada por Rato, 835.000 euros, al tiempo que otro de los procesados recibió otros 190.000 euros. El expolítico envió después gran parte del dinero recibido a la empresa Bagerpleta GMBH (otra de sus participadas), dedicada a la explotación de un hotel en Alemania.

El auto detalla igualmente el modus operandi presuntamente seguido por Rato para, usando sociedades opacas radicadas en varios países, repatriar dinero a España. Introdujo concretamente 7,28 millones de euros, de los que más de la mitad tienen, según el juez, «origen desconocido». «Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en paraísos fiscales, o que operan a través de ellos, y que ingresan en España bajo la apariencia de negocio lícito», aunque simulados, recoge el auto.