El exceso de renta tumba siete de cada diez peticiones del ingreso mínimo vital

Rodeado de polémica desde su nacimiento, apresurado por la pandemia para aliviar las dificultades de la población más vulnerable, el ingreso mínimo vital (IMV) sigue llegando a cuentagotas. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó este jueves en el Senado que la prestación ha llegado a 203.000 hogares (más de 565.000 beneficiarios), cuando el objetivo inicial —luego revisado a la baja— era alcanzar los 850.000.

Nueve meses después de arrancar, la cobertura es solo una cuarta parte de la prevista, y hay que tener en cuenta, además, que a más de 74.000 familias se les reconoció de oficio (ya cobraban la prestación por hijo a cargo). Sin embargo, las solicitudes de la ayuda sí han superado las previsiones (llegaron 1,2 millones de peticiones), pero la Seguridad Social ha rechazado casi el 70 %, principalmente por motivos de renta.

El triple de rechazos

La actualización de las cifras es elocuente. Muestra que el número de peticiones denegadas (más de 600.000, el 66 % de las tramitadas) triplica el de beneficiarios. «Es un volumen elevado de denegaciones», admitió el ministro en su comparecencia. «Estamos intentando ver cómo podemos ir mejorando la extensión de la prestación», añadió.

No serán los primeros ajustes que su ministerio realice para simplificar los requisitos de acceso, sin que parezca haber surtido demasiado efecto. En cualquier caso, Escrivá recordó que aún hay pendientes de resolver unas 300.000 prestaciones del total de las solicitadas.

El motivo principal por el que la Seguridad Social tumbó siete de cada diez solicitudes fue económico. «Hemos recibido multitud de peticiones de hogares que exceden pero muy ampliamente los niveles de renta establecidos», indicó Escrivá. De hecho —subrayó—, el 70 % superaban hasta en un 50 % el máximo del umbral para ser beneficiario y el 40 % lo rebasaba en más del doble.

Una de cada tres denegaciones corresponde a un hogar unipersonal, cuyo límite de renta garantizada está este año en 5.638 euros, pero el 50 % de los solicitantes disponían de ingresos que lo doblaban.

En lo que respecta a Galicia, los últimos datos confirman que se han aprobado casi 11.000 expedientes. Concretamente 10.975, que dan cobertura a 27.779 beneficiarios. A Coruña es la provincia en la que más prestaciones se han concedido (un total de 4.924 que llegan a 11.946 personas), seguida muy de cerca por Pontevedra, con un total de 3.265 prestaciones autorizadas y 8.359 beneficiarios. En Lugo, se ha dado luz verde a 1.493 ayudas (que llegan a 4.140 personas), mientras que en Ourense la cifra se reduce a 1.293 rentas mínimas que cubren a 3.334 ciudadanos.

Una ayuda media de 460 euros

La cuantía media de las prestaciones reconocidas asciende a 460 euros al mes, aunque por provincias, en la comunidad la horquilla está entre los 450,28 euros de A Coruña y los casi 501 de Lugo, como muestra el gráfico adjunto.

Desde CC.OO. en Galicia, su secretaria de Empleo, Maica Bouza, se mostró muy crítica con unos datos que —dijo— revelan que el IMV se está concediendo a unidades familiares con más de una persona, lo que, unido a las bajas cuantías, «quiere decir que no se están dando prestaciones, sino complementando otras».

Escrivá subrayó que es la primera vez que en una prestación así se cruzan datos de renta con la Agencia Tributaria. También se detuvo en el papel del ingreso mínimo vital frente a las rentas mínimas autonómicas, destacando que en ocho meses los beneficiarios del IMV superan a los de los autonómicos en siete comunidades y que su cobertura es «abrumadoramente superior a las de todas las rentas mínimas autonómicas (3,5 veces más)». Incluyendo los 152 millones de marzo, la Seguridad Social ha abonado 920 millones desde su implantación.