El Congreso da luz verde con una elevada abstención al fondo de 11.000 millones para empresas

El Pleno del Congreso de los Diputados ha mostrado su apoyo, aunque con una elevada abstención, a la convalidación del real decreto por el que se crea un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas. A falta de las votaciones, los grupos se han posicionado en sus intervenciones, dando su apoyo PSOE, Podemos, ERC, UPN y Coalición Canaria; con los votos en contra de VOX, JxCat y Foro Asturias; y las abstenciones del PP, Ciudadanos, PdeCat, PNV, BNG, CUP y EH Bildu.

Y es que todos los grupos en general han mostrado su disconformidad con el decreto por considerar las ayudas «insuficientes», principalmente porque solo podrán beneficiarse empresas pertenecientes a 95 sectores de actividad y dejará fuera a sectores como peluquerías, autoescuelas o tiendas de souvenirs.

Ante esto, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha defendido este fondo de ayudas porque, tras el daño «significativo» causado por la pandemia, «tenemos por delante semanas complicadas y hay que seguir ayudando a trabajadores, empresas y autónomos». La mayor parte de este paquete de ayudas, 7.000 millones de euros, serán ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos y estarán gestionadas por los gobiernos regionales.

En este apartado se incluye la concesión de entre 4.000 y 200.000 euros para empresas y autónomos que hayan perdido al menos un 30 % de sus ingresos, unos fondos que tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas. Otros 3.000 millones de euros serán para avales destinados a reestructurar deuda de las empresas, y los 1.000 millones de euros restantes irán para la creación de un fondo de recapitalización para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables a medio y largo plazo.

Este paquete de 11.000 millones se suma a las cuantías dedicadas a la protección de empresas y trabajadores a través de los ERTE y a autónomos, así como la prestación de incapacidad temporal, todas ellas cuantificadas hasta finales del próximo mes de mayo cuando termina el estado de alarma.

También se añade a los 8.000 millones de los fondos React-EU, entre otros, contabilizando un total de 29.000 millones de euros en el 2021, equivalentes al 2 % del PIB. «Para afrontar la recuperación es imprescindible seguir actuando con anticipación, previendo dificultades y tomando medidas responsables, rigurosas y de calado para evitar daños estructurales en tejido productivo», ha defendido la ministra, que ha pedido a la Cámara el apoyo a la citada norma, recibiendo tras ello bastantes críticas.

La oposición critica el alcance y retraso del fondo

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha considerado que el decreto no es «eficaz» ni «eficiente», ya que la crisis no ha afectado por igual a todos los sectores en todas las comunidades autónomas, al tiempo que existe el riesgo de que ciertas actividades puedan ser «doblemente subvencionadas» mientras que otras podrían quedarse fuera de dichas subvenciones. La diputada de C's María Muñoz, ha criticado que se haya esperado un año para dar las primeras ayudas directas y ha considerado que su cuantía es «insuficiente» y el sistema de reparto «ineficaz», ya que «en el mejor de los casos» estas ayudas no comenzarán a llegar hasta verano.

Asimismo, ha criticado que los criterios de reparto sean los mismos que los que se establecen para los fondos React-EU, ya que «no garantiza que empresas en la misma situación vayan a tener el acceso a las mismas ayudas», ya que dependerá de donde estén y del total de fondos que pueda distribuir esa comunidad autónoma. Desde Vox, la diputada Patricia Rueda ha denunciado que el texto establece «tantos condicionantes» -entre los que ha destacado la obligatoriedad de mantener la actividad hasta junio de 2022- que hará «prácticamente imposible» que muchos negocios puedan acceder a las ayudas.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha considerado que «es una buena noticia» que el Gobierno de España haga «lo contrario» a lo que está haciendo la Comunidad de Madrid que, según él, es la única región que no ha dado «ni un mísero euro» en ayudas directas. La diputada del PP Elvira Rodríguez ha dicho que es «intolerable» que se use la tribuna para hacer campaña y ha acusado a Echenique, de mentir, ya que, según ha explicado, Madrid dio el año pasado 150 millones de euros de ayudas directas a las empresas perjudicadas por la pandemia.

Dos millones excluidas

Para los empresarios, el problema es que las ayudas directas no llegarán ni a la mitad de las compañías. Dos millones de empresas quedan excluidas y no recibirán ninguna compensación por no pertenecer al grupo de sectores contemplados en el decreto, según denunció este jueves Cepyme en un informe. El requisito de pertenecer a unas ramas de actividad concreta reduce el número de empresas elegibles a 1,5 millones (95.812 de ellas gallegas), de las más de 3,4 millones registradas, lo que supone alrededor del 44 % del total.

Cepyme recriminó al Ejecutivo la restricción de acceso por la pertenencia a sectores concretos para dirimir la elegibilidad porque «no obedece a ningún patrón que determine la viabilidad de las empresas ni el impacto económico que han sufrido durante esta crisis». Es más, excluye a miles de compañías que también sufren pérdidas debido a las restricciones administrativas aprobadas y, por tanto, no pueden optar a compensaciones económicas que ayuden a su viabilidad.

El sectorial tan solo es uno de los tres grandes requisitos que hay que cumplir para optar a las ayudas. La concesión de subvenciones directas incluye unas condiciones que dejan fuera a una parte importante del tejido empresarial, como la de estar al día de los pagos con la Seguridad Social y Hacienda o la de demostrar que en el 2019 se cerró el ejercicio sin pérdidas. Este último criterio resulta muy controvertido para Cepyme porque, según apunta la organización, no refleja realmente si una empresa es solvente o no. Muchos negocios en procesos de expansión suelen declarar pérdidas en algún ejercicio por las necesidades de inversión que requiere. El 33,2 % de las firmas cerraron el 2019 en números negativos, según el Banco de España. De ellas, el 96 % eran pymes.

Desde Cepyme mostraron también su preocupación por los plazos para solicitar y otorgar estas ayudas y por la no concreción de las cuantías que finalmente recibirán las empresas.