Unos 2.000 beneficiarios de la renta mínima deberán devolver la risga

Un sobre, un remitente (la Xunta) y una petición: devolver todas las mensualidades de la renta de inclusión social de Galicia (risga) cobradas desde que se solicitó el traslado a la renta mínima (ingreso mínimo vital, IMV). Es la inesperada sorpresa que se han encontrado en su buzón muchos gallegos en las últimas cuatro semanas.

El Ejecutivo autónomo ha enviado cartas de forma masiva para reclamar el reembolso del dinero prestado a los beneficiarios de la risga que siguieron cobrando la prestación durante varios meses a la espera de percibir el IMV. A algunos de ellos la Seguridad Social les ha concedido la ayuda hasta ocho meses después de solicitarla así que acumulan una deuda con la Xunta de hasta 3.720 euros, teniendo en cuenta que la cuantía media percibida ronda los 465 euros al mes. El número de afectados podría superar los 2.000 (el número de perceptores que abandonaron la risga desde el mes de julio del 2020 hasta abril del 2021).

¿A qué se debe esta situación? El Ejecutivo autónomo advirtió ya en julio de que las dos prestaciones serían incompatibles, es decir, que no se podrían cobrar ambas. Por eso, ahora que el INSS está concediendo el IMV y desembolsando todas las mensualidades atrasadas, sus beneficiarios deberán utilizar parte de ese sobre para devolver las cuantías de la risga. Con muchos hogares teniendo que recurrir a fuentes adicionales de financiación para sobrevivir, esta notificación puede ser un jarro de agua fría, por eso el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, ha reclamado al Gobierno central que se haga cargo de la situación y «establezca un mecanismo de compensación para evitar que as persoas que transitaron da risga ao IMV se vexan perxudicadas a causa dos meses nos que compatibilizaron ambas prestacións, polos retrasos do IMV», señalaron ayer en un comunicado. ¿Por qué siguieron extendiendo la risga a sabiendas de que deberían reclamarla después? «Para non deixalos tirados», explican fuentes de la Xunta, antes de insistir en que lo último que quieren es «ter que ocasionar molestias» a las familias. «Estamos a pedir o reintegro, pero é unha molestia, non teñen recursos e non queremos afectalos», sostienen. La Xunta pasa la patata caliente al Gobierno central, que no quiere ni oír hablar de tener que reducir cuantías o recortar el desembolso a los beneficiarios del IMV.

Guerra de competencias

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social aclara que es decisión de las autoridades gallegas compatibilizar o no las ayudas. El Gobierno central pone un suelo común. En otras palabras: la Xunta podría compatibilizar ambas ayudas, como ya han hecho otras comunidades autónomas en España. Los últimos en hacerlo han sido los vascos, aunque también Aragón y Navarra han utilizado la pasarela del INSS para reconocer beneficiarios sin presentar la solicitud, intercambiando datos de las comunidades. A pesar de la refriega por las competencias y la compatibilidad, el Gobierno admite que se trata de «una cuestión que suscita preocupación», por eso está dialogando con las autonomías «para que los ciudadanos en ningún caso salgan perjudicados».

Ayuda tardía

Desde julio del 2020, el INSS recibió más de 1,32 millones de solicitudes «válidas». Solo 260.206 han sido aceptadas hasta ahora -beneficiando a 682.808 personas- y hasta 700.000 fueron denegadas por los estrictos criterios de concesión. La cuantía media apenas alcanza los 448 euros al mes. Galicia concentra solo el 5 % de las solicitudes aprobadas (13.224 hogares). Los beneficiarios perciben una prestación ligeramente inferior a la media nacional (442,9 euros al mes) aunque las críticas más duras que ha encajado la medida estrella del Gobierno en el 2020 tienen que ver con su gestión. Los cuellos de botella en el INSS siguen retrasando la tramitación. Hay solicitantes que llevan más de medio año esperando a que se resuelvan sus expedientes. Y esos problemas no se han solventado todavía. Parrado ha solicitado, como viene haciendo la Xunta desde el 2020, que se traspase la gestión del IMV a las comunidades autónomas «para mellorar a súa xestión e evitar solapamentos con outras axudas», algo que el Ejecutivo central rechaza. También ha reclamado «máis financiamento» para que los «saturados» servicios sociales puedan hacer frente al creciente número de solicitudes del IMV.