El Gobierno firma una reforma de las pensiones que ignora su sostenibilidad
Economía
El primer acuerdo, de mínimos, aplaza las medidas de contención del gasto
30 Jun 2021. Actualizado a las 05:00 h.
El esperadísimo acuerdo del diálogo social para reformar el sistema de pensiones se ha quedado corto. Sabe a poco y no resuelve el problema de sostenibilidad de una Seguridad Social que arrastra un déficit de 20.000 millones de euros. Ese es el análisis de los expertos, que coinciden en señalar que las medidas pactadas por el Ministerio de Seguridad Social con patronal y sindicatos se han limitado a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas -al reinstaurar el IPC como parámetro de revalorización anual-, pero desentendiéndose de dejar atado que efectivamente podrá pagarse en el futuro. Es decir, afrontar el incómodo problema de la sostenibilidad vuelve a aplazarse y en este primer bloque de la reforma apenas se ha tocado la contención del gasto -todo lo contrario, se ha expandido-, si se excluye la revisión de las penalizaciones a la jubilación anticipada.
Pese a valorar la importancia de recuperar el consenso con los agentes sociales en una materia tan sensible como las pensiones, los expertos ponen el foco sobre las importantes carencias del documento pactado, que será aprobado por el Consejo de Ministros la próxima semana e iniciará su tramitación parlamentaria como proyecto de ley en septiembre.
Gasto adicional del 4 % del PIB
Preocupa que el incremento del gasto que supondrá ligar de nuevo al IPC la prestación elevará la factura a un 4 % del PIB (casi 50.000 millones más en el 2050), según los cálculos de la Comisión Europea. El Ejecutivo rebaja sensiblemente esa estimación, situándola en dos puntos y medio de PIB (en torno a 31.000 millones), y fía al retraso voluntario de la edad de jubilación la financiación de la mitad de ese importe, siempre que se cumpla su objetivo de lograr retrasar la edad efectiva de jubilación en dos años (hasta casi los 67) a mitad de siglo.
Desde el Ministerio de Seguridad Social aseguran que, en cualquier caso, la brecha se cubrirá con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que ya han comenzado a sufragar también los gastos impropios que hasta ahora asumía el sistema .
Junto con una factura de pensiones que no dejará de engordar por la mayor revalorización y el efecto demográfico -unido a que las nuevas jubilaciones son más elevadas, al corresponder a carreras más largas y cotizaciones más altas-, la derogación del factor de sostenibilidad, aprobado en el 2013 por el Gobierno del PP y que vinculaba la cuantía de la prestación a la esperanza de vida, es un clavo más en el ataud de la sostenibilidad del sistema.
El factor de equidad, sin definir
Porque otro motivo de inquietud añadido es que, además de que en este primer bloque de la reforma no hay medidas de contención del gasto, también se aplaza la entrada en vigor del mecanismo que sustuirá al derogado factor de sostenibilidad y con el que se pretende ajustar el sistema para que resista el momento de mayor presión: la incorporación de la generación del baby bum, a mediado de siglo.
Bautizado como factor de solidaridad intergeneracional, del futuro mecanismo no se conoce nada más que el nombre, ya que el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, y que se firmará esta semana, solo establece que el Gobierno tendrá cinco meses, hasta el 15 de noviembre, para «negociar» su diseño con patronal y sindicatos. De hecho, el texto recoge específicamente la palabra «negociar» y no la de «acordar», ya que en caso de que no hubiera consenso, el Ejectivo lo aprobará para incorporarlo a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de la reforma. En cualquier caso, lo que sí está decidido es que no entrará en vigor en el 2023, como estaba previsto para el derogado mecanismo anterior.
No lo hará hasta el 2027, año en el que la reforma de pensiones del 2011 -la última por consenso hasta la que se cerró este lunes- desplegará todos sus efectos, situando en los 67 años la edad legal de jubilación.
Una década perdida para estabilizar las cuentas del sistema
«Esta derogación de la reforma del 2013 nos retrotrae al 2011. Hemos perdido una década para estabilizar el sistema de pensiones públicas», resume José Antonio Herce, socio fundador de LoRIS (Longevity and Retirement Income Solutions) y uno de los mayores expertos en pensiones.
En el análisis coincide Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de estudios financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), recordando que los intereses políticos, en concreto el miedo a adoptar medidas impopulares que los penalicen en las urnas, acaba paralizando a todos los Gobiernos. No en vano el colectivo de pensionistas concentra a nueve millones de potenciales votantes.
«Este pacto es volver a un viejo modelo fracasado, sobre todo por no querer correr con el coste de hacer la reforma en profundidad: seguir beneficiando a los pensionistas actuales a costa de los trabajadores actuales, los futuros y los futuros pensionistas», añade el economista Javier Santacruz.
Carbó insiste en que la resistencia a abordar el problema de modo serio solo consigue «hacer más insostenible el sistema».
Herce, por su parte, rompe una lanza en defensa del ministro Escrivá, pese a constatar que ha acabado cediendo para descafeinar la reforma en aras del acuerdo. «Hay que agradecerle el que haya empujado constantemente, desde que ocupó el puesto, para introducir nuevas medidas y más racionalidad. Pero lo cierto es que ha ido abandonando muchas de las que proponía, como la simetría en la aplicación del criterio del IPC. Ahora, si la inflación es negativa, ya no habrá ajuste a la baja en el nominal de la pensión para ‘preservar su poder adquisitivo’, que aumentará inexorablemente desestabilizando al sistema, pues la ganancia se consolida. O como sucedió con la extensión del período de cómputo a los 35 años o toda la vida laboral, también olvidada», recuerda.
Después de un primer bloque de reformas que consideran claramente insuficiente, los expertos tienen los ojos puestos en la segunda vuelta de las negociaciones, en la que, entre otros asuntos, están la cotización de los autónomos por ingresos reales o incrementar las bases máximas de cotización. En cualquier caso, falta saber la reacción de Bruselas.