La Justicia paraliza el rescate a la aerolínea Plus Ultra

El rescate de Plus Ultra, el más polémico de entre los autorizados por el Gobierno para salvar a empresas de la crisis del coronavirus va camino de quedar embarrado en un laberinto judicial. La aerolínea que une España y Venezuela ha visto cómo la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte del rescate a la compañía.

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, tenía que desembolsar ese importe el próximo 28 de julio. Pero la juez ha suspendido la inyección hasta que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a sus proveedores. En concreto, el auto judicial señala que «el desembolso de la cantidad de 34 millones de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento» judicial.

La instructora entiende que Plus Ultra podría no necesitar ese dinero, si realmente no lo justifica. Y apunta que continuar con esta inyección millonaria en el plazo previsto supone el riesgo de enfrentarse a «una entrega no justificada» que supondría «un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior». «La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el fumus bonis iuris son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional», señala.

Epicentro de una guerra política

El varapalo para la compañía llega cuando apenas resta una semana para que recibiera de la Hacienda pública ese segundo desembolso. Y lo hace en una instrucción en la que se habían personado tanto PP como Vox en calidad de acusaciones particulares. Precisamente sus recursos han derivado en esta actuación.

Desde que el pasado 9 de marzo el Gobierno diera luz verde al rescate de la aerolínea (aquel día también acudió al auxilio de Air Europa, con 475 millones de euros), esta operación se ha situado en el epicentro de las disputas políticas. En aquel Consejo de Ministros, el Ejecutivo autorizó el rescate de la compañía por más de 53 millones de euros para mantenerla a flote. Aunque desde el primer momento, los partidos de la posición dudaron de la medida al vincularla a los intereses de Venezuela.

Empresa «estratégica»

Una semana después de aquel acuerdo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendía en el Congreso la inyección de dinero público a la aerolínea que cubre la ruta entre Madrid y Caracas, cuenta con una sola aeronave y se encuentra en pérdidas operativas desde hace más de una década. Montero defendió que Plus Ultra merecía el rescate por ser «española», «relevante» y «estratégica». El plan de la SEPI para salvar compañías en dificultades derivadas de la pandemia exige, entre otros requisitos, «demostrar su viabilidad a medio y largo plazo».

El Ejecutivo también podía autorizar esa ayuda si valoraba la «importancia sistémica o estratégica del sector de actividad o de la empresa», uno de los puntales de aquella justificación gubernamental. Este jueves mismo, Ciudadanos pedía la dimisión de la ministra Montero por defender «a ultranza» este rescate, y pedía una comisión de investigación.

La propia compañía aclaraba este jueves mismo, tras conocer la decisión judicial, que «acreditará debidamente» las causas por las que precisa recibir los 34 millones restantes del rescate tras los primeros 19 millones de euros concedidos hasta ahora. Para la aerolínea, esta inyección es «imprescindible para dar cumplimiento al Plan de Viabilidad».

Alega que es necesaria para mantener los 354 puestos de directos y más de 2.500 indirectos que la genera en España, apuntan fuentes de la firma. Plus Ultra indica que seguirá «colaborando con la SEPI y con la justicia», y se muestra «tranquila y segura» del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.